Delgado une la defensa de la jurisdicción española a la del juez Llarena

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, no había vuelto a hablar desde la polémica sobre su negativa a defender al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ante los tribunales belgas “por los actos privados” que le atribuía la demanda de los huidos del ‘procés’. Este martes, en el Congreso de los Diputados, no mencionó esa salvedad que la convirtió en diana de las asociaciones de jueces y fiscales; en su lugar sostuvo que “desde el primer momento” su “intención y la del Gobierno ha sido defender los intereses de nuestro Estado, la inmunidad jurisdiccional española y al juez demandado”.

Pero no incluirla en su intervención no la salvó de que se la recordaran los portavoces del PP y de Ciudadanos y hasta la del PDECat, aunque por motivos diametralmente opuestos. Delgado había pedido un "ejercicio de responsabilidad" y calificó de "instrumental" la demanda presentada por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, porque todo en ella hace "referencia a decisiones jurisdiccionales realizadas en la causa especial" contra los líderes del 'procés'. "Aquí tenemos los recursos, aquí se sigue el procedimiento y aquí se sigue la estrategia procesal de acusaciones y defensas, lo que no se puede permitir es que se utilice Bélgica" para ponerlo en cuestión, aseveró la ministra.

En cuanto a "los actos privados" que la nota de prensa de Justicia atribuyó a Llarena, para negar su defensa en ese punto, Delgado en esta ocasión los definió como "manifestaciones en un evento, absolutamente imbricadas en el asunto y el procedimiento, de manera que (lo que) se cuestionaba (es) la soberanía de jurisdicción". Más adelante negó que hubiera habido contradicción en la actuación ministerial, aunque en la nota que informó sobre su decisión pudiera ser que "faltara o sobrara algo". Llarena, a las puertas de una conferencia que impartió, había negado la existencia de presos políticos en España e incluyó como condicional la posibilidad de que hubieran cometido los delitos que se atribuyen a los procesados, pese a que la demanda lo presentaba como aseveración. 

La ministra pormenorizó los pasos dados en agosto para "preservar nuestra soberanía de jurisdicción", para lo que, dijo, había que "prever los posibles escenarios internacionales" para "determinar la estrategia de España para defender sus intereses internacionales y no tener un solo pero en ningún tribunal internacional". Justicia contrató un abogado belga para defender tanto la jurisdicción española.

Mientras la ministra hablaba, el Tribunal Constitucional hizo pública la admisión a trámite unánime del recurso de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell contra el rechazo de la recusaciónCarme Forcadell que interpuso contra Llarena.

Sin convencer a los diputados

Pese a sus intentos la ministra pareció no convencer a los diputados que habían pedido su comparecencia. Tanto el PP como Ciudadanos destacaron cómo en un primer momento el Ministerio de Justicia distinguió entre la defensa de la jurisdicción española y los actos privados del juez Llarena. El portavoz de este último partido, Marcial Gómez, aseguró que esa había sido la décima rectificación del Gobierno de Pedro Sánchez y destacó la gravedad de no defender a un magistrado que por ser instructor de la causa por rebelión seguida en el Tribunal Supremo había sido acosado por hacer su trabajo.

Tampoco pareció convencer la ministra al PDECat. Su portavoz, Lourdes Ciuró, que atribuyó el cambio de postura de Justicia a las "presiones de la extrema derecha", no se quedó a escuchar la respuesta de la ministra para acudir a la Diada, "una manifestación que será pacífica para defender los derechos civiles", sostuvo la diputada, como, en su opinión, han reconocido los tribunales de Alemania, Bélgica o Escocia. Además, dijo que las manifestaciones de la extrema derecha española acaban en destrozos y agresiones, mientras que las celebradas en Catalunya lo hacen "sin un papel en el suelo".