El juez del 1-O atribuye desobediencia a Pere Aragonès y pide al TSJC su imputación

El titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que investiga los preparativos para el referéndum unilateral del 1-O, atribuye al vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, un delito de desobediencia por no haber impedido la celebración del referéndum unilateral a pesar de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional (TC). Este delito está castigado con una pena de multa y de inhabilitación.

Así aparece en la exposición razonada que el magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer envió al alto tribunal catalán a finales de julio. En este documento, el togado pide al TSJC que investigue a Aragonés y también el exsecretario general de Economia y actual diputado de ERC Josep Maria Jové, en su caso por desobediencia, malversación de fondos públicos y revelación de secretos, ya que ambos son aforados por ser diputados el Parlament.

Según el magistrado, Aragonès, que entonces era secretario de Economia, recibió una notificación del TC sobre la suspensión del referéndum el 13 de septiembre del 2017, advirtiéndole de su "deber impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada". En la notificación, el Constitucional también le advertía de las "eventuales responsabilidades, incluida la penal", en las que podía incurrir en caso no atender este requerimiento. Jové recibió la notificación el 15 de septiembre.

El juez concluye que, pese a estas advertencias del TC, ni Aragonès ni Jové "desplegaron ninguna actividad para impedir la celebración del referéndum ni para revertir los actos que ya habían hecho con anterioridad a la citada notificación". Por ello, considera que hay "sólidos indicios" que Aragonès habría participado "como autor" o como "cooperador necesario" de un delito de desobediencia, sin descartar algún otro delito que pueda derivarse de la instrucción de la causa.

La hoja de ruta y el dinero público

Las sospechas del juez contra Jové son más ámplias. En este sentido, el escrito recoge que en su despacho de Economia se halló el documento Enfocat, considerada la "hoja de ruta" para conseguir la independencia, y las agendas por él manuscritas donde existen anotaciones para "hacer realidad la república catalana en el marco de la UE", el esbozo de reparto de cargos entre ERC y CDC, entre otros aspectos. Respecto a las conversaciones telefónicas mantenidas por el ahora diputado destaca una con la exdirigente ERC, Marta Rovira, ahora huida, sobre la instalación de colegios electorales para el 1-0.

Asimismo, el magistrado detalla que la intervención de Jové en el delito de malversación de caudales públicos se desprende, fundamentalmente, de las "numerosas conversaciones" mantenidas con Francesc Sutrias, que era director de Patrimoni de la Generalitat, que es el que supuestamente le pone en contacto con una persona que ofrece una naves en la localidad de Bigues i Riells donde se hallaron papeleas del referéndum unilateral. El togado también le atribuye la "organización logística" de la consulta. Los fondos presuntamente malversados en campañas publicidad, buzoneo y observadores internacionales y aplicaciones informáticas asciende a 2,2 millones de euros.