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APERTURA DEL AÑO JUDICIAL

Lesmes critica a Alemania por su interpretación de las euroórdenes

El presidente del CGPJ afirma que ningún texto constitucional es inamovible, pero debe respetarse para evitar la arbitrariedad del poder

La fiscal general ve "legítima" la aspiración indenpendentista catalana siempre que respete el marco legal

Ángeles Vázquez

Carlos Lesmes saluda al rey Felipe VI. / EFE

Carlos Lesmes saluda al rey Felipe VI.
Discurso de Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, durante la apertura del año judicial. A su lado, el rey Felipe VI.

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El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, consciente de que este será su último acto de apertura del año judicial ante la próxima renovación del órgano, fue más contundente que en otras ocasiones a la hora de defender la Constitución y la labor de jueces y magistrados para preservarla y así evitar la "arbitrariedad del poder".

Sin necesidad de mencionar a Catalunya, toda su intervención ante el Rey Felipe VI y las máximas autoridades del Estado, versó sobre "los momentos más delicados" que atraviesa el país en su "historia reciente". Y no desaprovechó la oportunidad de criticar las "decisiones judiciales procedentes de otros Estados" que, "al interpretar de forma unilateral conceptos jurídicos autónomos del denominado espacio europeo de libertad, seguridad y justicia", han generado una "grave incertidumbre", en clara referencia a la decisión alemana y belga de no entregar al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont o a los 'exconsellers' huidos en las condiciones planteadas por España.

Lesmes, que lamentó "la irremisible pérdida de virtualidad de ciertos instrumentos de cooperación judicial" europea, que han supuesto las resoluciones relativas al 'procés', admitió a continuación que "cabría pensar que quizás ha recaído demasiado peso sobre los jueces, afirmación" que, dijo, "comparten quienes denuncia la 'judicialización' de los asuntos de naturaleza política".

Desafección por ignorancia

Según el presidente del CGPJ, "se alimenta la desafección del ciudadano respecto del poder judicial, sobre la desenfocada visión de que ningún juez puede decidir en contra de la voluntad popular, demostrando un absoluta ignorancia de la dimensión y del significado del Estado de Derecho y del ejercicio democrático de la libertad". Adviritió que "tales ensayos de disgregación entre Estado de Derecho y poder judicial, lejos de debilitar a los jueces, resafirman su operatividad para responder con eficacia y absoluta independencia a las embestidas contra el marco que representa la Constitución".

"Frente a la posverdad, que persigue la impunidad bajo el cobijo aparente de la voluntad popular, los ciudadanos han de percatarse de que la respuesta del poder judicial se encamina a evitar el daño que supone desarbolar todo un pacto de convivencia intergeneracional", lo que tendría un efecto "demoledor" para el sistema de libertades establecido. Para ello defendió la vigencia de la Constitución, aunque se cuidó de añadir que ninguna "ha de ser sinónimo de inamovilidad ni de petrificación", pero por los cauces que ella misma prevé. "Tampoco ninguna institución, por muy importante que sea, es inalterable, ni ninguna ley, irrevocable", agregó.

Defensa de magistrados atacados

Aunque Lesmes no mencionó al instructor de la causa contra los líderes independentistas catalanes, Pablo Llarena, sí se refirió a los "ataques personales" recibidos por magistrados, "alentados incluso por algunos responsables políticos", lo que consideró "censurable" en el marco del respeto constitucional. Precisó que con esas palabras no quería blindar a los jueces contra la crítica, pero denunció que "las visiones segadas o partidistas que persiguen el gratuito descrédito de la institución judicial pueden afectar" a su ánimo y sosiego para juzgar. 

Por su parte, la fiscal general del Estado, María José Segarracalificó de "legítimas" las "aspiraciones políticas de una parte de la sociedad -que en estos días se reivindican especialmente-", en referencia al independentismo, pero matizó que "deben ser encauzadas a través del ordenamiento jurídico", porque "no hay nada más democrático que la ley", que "vincula a todos" sin excepciones, al tratarse de la "viva expresión de ese consenso mínimo que posibilita la superación de tensiones".

Tras describir lo ocurrido el año pasado en Catalunya como "un desbordamiento del orden constitucional y estatutario", que se encontró con "la firme actuación de las instituciones del Estado de Derecho, y del fiscal, en su compromiso con el principio de legalidad", Segarra aseguró que "España tiene un sistema judicial sólido y un ministerio fiscal que actúa con absoluta autonomía y solamente al servicio del principio de legalidad".

Trapero, a juicio después de Junqueras

Una vez abierto oficialmente el año judicial, el Tribunal Supremo ultima los preparativos para celebrar el juicio contra los líderes independentistas que declararon la independencia de Catalunya. Está previsto que se celebre cuanto antes y que se demore lo menos posible. De ahí que la intención sea que empiece a finales de noviembre o principios de diciembre, con sesiones de mañana y tarde. Según fuentes del alto tribunal, la vista oral que se celebrará en la Audiencia Nacional contra el exjefe de los Mossos Josep Lluís Trapero y la excúpula política del cuerpo no se iniciará hasta después de conocerse la sentencia que se dictará contra los líderes del 'procés'. La fiscalía coordinará las acusaciones que formulará en todas las causas abiertas por estos hechos en el Supremo, la Audiencia y juzgados catalanes.

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