Anticorrupción incoó 39 investigaciones y denuncia fiscales desbordados

La Fiscalía Anticorrupción incoó en 2017 unas 39 diligencias de investigación relacionadas con la lucha anticorrupción, aumentando así las cifras del año anterior. Aún así, advierte de la falta de medios materiales y personales y el "desbordamiento" de los representantes del Ministerio Público.

Así se señala en la memoria anual de la Fiscalía General del Estado, presentada este lunes con motivo de la apertura del año judicial, en la cual hace un repaso de las causas concretas que se han estudiado durante el pasado año o que a día de hoy continúan abiertas o pendientes de juicio en las que ha participado la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

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Según los datos ofrecidos, durante el año 2017 se produjeron 609 procedimientos judiciales, 85 más que en 2016, y también se incoaron 39 diligencias de investigación de la Fiscalía, dos más que en el ejercicio anterior. A esta última cifra hay que añadir las 42 diligencias que se encontraban en trámite al término de 2016, lo que implica que durante el pasado año se estuvieron tramitando un total de 81 diligencias de investigación.

También destaca el aumento de las sentencias condenatorias de los tribunales sobre causas de corrupción, pues de 34 resoluciones, 33 declararon culpables a sus investigados. No obstante, el Ministerio Público, en 2017 realizó 46 acusaciones, menos que en el ejercicio anterior y situándose en cifras de 2015.

La “moderna corrupción”

Para la Fiscalía, la lucha contra la corrupción ha cambiado desde la crisis económica, pues a partir de entonces se ha puesto de manifiesto "el mal funcionamiento de buena parte del sector bancario español", en el que algunos consejos de administración han sido "muy politizados y poco profesionales".

Lo mismo ocurre con lo que denomina la "moderna corrupción" en el que "la frontera entre lo público y lo privado aparece hoy especialmente desdibujada", ya que en muchas ocasiones los empresarios privados han tenido en su mano la ejecución o prestación de servicios públicos.

El Ministerio Público subraya que la lucha contra la corrupción sigue siendo uno de sus "focos prioritarios" no sólo por el "daño" que causa al "correcto funcionamiento" de la Administración Pública, sino por la disminución de la confianza de los ciudadanos en unas instituciones.

En este sentido, la Fiscalía se compromete a "acortar" la duración de los procedimientos, introduciendo criterios de flexibilidad y racionalización, pese a no tener la capacidad de dirección de las investigaciones. Asimismo, aprovecha para recordar que el plazo máximo prorrogable de 18 meses que marca la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para instruir una causa es insuficiente debido a la complejidad de la mayoría de los mismos.

Por otro lado, la Fiscalía Anticorrupción agradece la "indispensable" colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de los cualificados técnicos y peritos de las Administraciones Públicas --sobre todo en materias bancaria y financiera y de las unidades adscritas , pero vuelve a insistir una vez más en la falta de medios personales y materiales.

Situación "próxima a la saturación"

La memoria recalca la creciente carga de trabajo hace que los fiscales estén "desbordados", que las jornadas de trabajo para estudiar un asunto pueden llegar a ser "interminables" y que esta situación es "próxima a la saturación". "Destaca negativamente la significativa penuria de los recursos tecnológicos puestos a disposición de la Fiscalía", añade el informe.

En esta línea, el Ministerio Público pide el incremento de la plantilla de Anticorrupción, dirigida por Alejandro Luzón, en 10 plazas, de las que ocho sirvan para consolidar las que han estado en comisión de servicios debido al volumen de asuntos complejos y el inicio de la celebración de varios juicios orales de larga duración, como el de la pieza principal del Gürtel, iniciado en octubre de 2016.

Pero también solicita el aumento de trabajadores en las Unidades de Apoyo, como la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), y en las Unidades Adscritas Policiales, como la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que dan un asesoramiento "permanente" e información técnica a la Fiscalía Anticorrupción.

Por último, la Fiscalía insiste en la necesidad de poder contar con un aplicación informática que permita conocer y evaluar en todo momento el estado de la tramitación de la causa, así como disponer de un programa capaz de relacionar y tratar la información de distintas bases de datos alimentadas con información propia de los procedimientos y de registros mercantiles, de la Propiedad o de organismos como el SEPBLAC.

Además, agrega que los actuales sistemas informáticos afecta al "adecuado conocimiento y gestión" de la información en macrocausas abiertas como 'Púnica' o 'Lezo', ya que no existe un sistema de almacenamiento de gran capacidad al que puedan acceder simultáneamente distintos intervinientes.