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Puigdemont a Sánchez: "¿El nuevo tiempo es enviar 600 guardias civiles?"

El expresidente critica desde Bruselas el envío de antidisturbios a Catalunya y señala que es incompatible con el diálogo

Efe / Bruselas

Carles Puigdemont durante la conferencia de prensa que ha ofrecido, este mediodía, en Bruselas.

Carles Puigdemont durante la conferencia de prensa que ha ofrecido, este mediodía, en Bruselas. / EMMANUEL DUNAND (AFP)

El expresidente catalán Carles Puigdemont criticó este viernes el despliegue de seguridad del Ministerio del Interior en previsión de posibles altercados durante la Diada de Cataluña, un dispositivo que consideró demuestra que no se ha abierto ningún "nuevo tiempo" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"¿El nuevo tiempo es enviar 600 guardias civiles para controlar una jornada que ha sido siempre tranquila y llena de convivencia?", dijo Puigdemont en una rueda de prensa tras conocerse la decisión de reforzar la seguridad en las próximas jornadas tomada por la Dirección General de la Policía Nacional.

Ofertas sin concretar

El expresidente insistió en que las ofertas de diálogo de Sánchez no se "concretan" y que de lo que él quiere dialogar "es sobre lo que pide la sociedad catalana que es el derecho a decidir su futuro".

Puigdemont consideró haber "dado todas las oportunidades" y la "confianza" para el diálogo, pero que Sánchez no dice cuál es su receta, "si es la receta Rajoy 2.0 o es otra receta que incluso podríamos estar dispuestos a considerar, pero es que sobre la mesa no hay nada".

Puigdemont compareció junto al consejero de Administraciones Publicas Jordi Puigneró para informar sobre la demanda del expresident y de varios trabajadores cesados por la aplicación del artículo 155.

Amenazas de 155

Preguntado sobre si no está "agarrándose" al pasado con las demandas sobre los efectos del 155 en vez de buscar soluciones futuras, dijo que sigue habiendo "amenazas" de que se vuelva a aplicar ese artículo de la Constitución.

"Amenazas y diálogo me parecen incompatibles", añadió Puigdemont. "Los conflictos no se resuelven con más gasolina", apostilló el expresidente, que dijo que "no es mirar hacia el pasado querer evitar que esto se repita en el futuro".

"Si diálogo es amnesia sobre el daño causado es que no se ha entendido alguna cosa", añadió Puigdemont.

En la misma línea se pronunció poco antes, también en Bruselas, el portavoz adjunto de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, quien dijo que el PSOE es la "versión azucarada" del PP y opinó que hace falta un replanteamiento para que se imponga "el sentido común" y la "radicalidad democrática".

"La situación sigue siendo muy complicada. El PSOE es especialista en azucarar la realidad y hacernos creer que puede ser que no sea tan dura, tan oscura, tan complicada y que no es tan tensa como era con el PP", dijo Pujol en declaraciones a la prensa, al término del congreso que el partido celebró esta semana.

En ese contexto, definió al PSOE como "la versión azucarada del PP, un poco más amable, sí, pero continuamos teniendo presos políticos, continuamos teniendo la fiscalía desbocada y por tanto lo que pedimos es que las cosas se replanteen".

Según el portavoz, hace falta que todo el mundo entienda "que esta situación de represión, esta situación de no querer desencallar el conflicto de los presos, esta voluntad de no resolver el exilio, es imposible de mantener en el tiempo".

Por ello pidió que "se imponga el sentido común y la radicalidad democrática" que, según indicó, consiste en "dar la voz a los ciudadanos para resolver una situación que si no, no se va a resolver y que va a continuar existiendo".

Tras participar en la reunión del grupo parlamentario, Puigdemont se reunió con Jaume Alonso Cuevillas y la también abogada Silvia Requena para discutir el momento procesal en el que se encuentran tanto su demanda como la de 19 trabajadores cesados por el 155, unos despidos que consideran no solo "ilegales" sino "inconstitucionales".

Explicaron que existen dos demandas en curso, una del propio Puigdemont sobre su cese por el 155 y una segunda de 19 trabajadores de la anterior Generalitat, en representación del total de 250 que fueron apartados del cargo con la aplicación del artículo constitucional, y que consideran también quebrantados sus derechos.

La demanda del expresidente autonómico cesado está pendiente de sentencia en el Tribunal Supremo, aunque Cuevillas dijo tener "pocas esperanzas" en esa instancia y estar preparado para interponer recurso ante el Tribunal Constitucional.