Anticorrupción exime al rey Juan Carlos de las conversaciones de Corinna

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea que archive la pieza Carol abierta dentro del ‘caso Tándem’pieza Carol, en el que se investigan las cloacas policiales, sin perjuicio de que presente una nueva querlla para investigar los delitos de corrupción en transacciones financieras internacionales y cohecho, que podrían contenerse en las palabras de la que fue amiga del Rey emérito Corinna zu Sayn-Wittgenstein con el excomisario José Manuel Villarejo.

Pero más allá del procedimiento judicial, el escrito deja una cosa clara: exime al Rey Juan Carlos de cualquier responsabilidad penal por dos razones fundamentales. Una es que la conversación en cuestión y, por tanto, los hechos en ella relatados, son anteriores a la abdicación del monarca, efectiva el 18 de junio, pero anunciada el día 2.

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Además, considera que las palabras de Corinna, más extensas de lo publicado por los medios en julio, no dejan de ser indicios "extraordinariamente débiles" e insuficientes para investigarle. Anticorrupción diferencia entre lo atribuido a Juan Carlos (el terreno que Juan Carlos habría puesto a nombre de ella en Marruecos, no porque la "quiera mucho", sino por su condición de residente en Mónaco, el pago de comisiones y cuentas bancarias en Suiza con nombres supuestos) del encargo que la empresaria alemana iba a hacer a Villareja.

Inviolabilidad del jefe del Estado

En cuanto al terreno la fiscalía sostiene que "no resulta susceptible de investigación en sede penal", porque no hay elementos de los que inferir que se trata de un terreno procedente de una actividad ilícita, ni de que se pusieran a su nombre para evitar declararlas. "Los datos, más allá de su posible tracendencia tributaria, no son suficientes para iniciar una investigación penal que tendría naturaleza prospectiva y que remite a fechas en las que el entonces Rey Juan Carlos gozaba de la inviolabilidad del jefe del Estado". 

Sobre las cuentas suizas, a nombre de un pariente del Rey, que le paga determinados gastos, u otras abiertas con nombre falso que le habría proporcionado el director del CNI, la fiscalía sostiene que "aluden a una posible cuestión fiscal, delito por el que las autoridades suizas no responden a los requerimientos. Además, al desconocerse más datos se trataría de una "fishing expedition" cualquier indagación al respecto.

Y respecto a las presuntas comisiones pagadas por empresas españolas por el tren de alta velocidad en Arabia Saudí, en las que Corinna dice que alcanzarían los 80 millones, que se habrían entregado a la mujer de un empresario saudí para dar a otro empresario, quien a su vez le habría dado todo o parte al Rey, el ministerio público sostiene que los indicios contra este son "extraordinariamente débiles", porque la princesa no participó en los pagos ni explica cómo sabe lo que manifiesta. En 2011 también era inviolable.

Corrupción en las transacciones comerciales

Una vez descartada la responsabilidad penal del anterior Rey, Anticorrupción anuncia que puede iniciarse una nueva investigación, independiente de la operación Tándem, por los delitos de corrupción en las transacciones económicas internacionales y de cohecho, presuntamente cometidos por ciudadanos españoles y extranjeros fuera de España. 

Afirma que los convenios internacionales obligan a España investigar el cohecho internacional, lo que justificaría una querella de Anticorrupción, para lo que realizará una valoración previa acerca de la competencia española para investigar lo ocurrido. 

Añade que la grabación intervenida en la operación Tándem y el resto de documentación intervenida también debe tomarse en consideración, porque reflejan conductas de Villarejo que coinciden con las investigadas ya en la Audiencia Nacional. Se refiere a la petición de ayuda que Corinna hace al excomisario sobre un político británico por sus problemas tributarios en España por una finca familiar.

Según el escrito, podría tratarse de una mera petición de asesoramiento a las sociedades del grupo de Villarejo o de incluso de un cohecho pagado a funcionarios constitutivo de un delito contra la Administración pública que tambien requiere querella del fiscal para su investigación.