El Govern pide 1.500 mossos d'Esquadra para contener la falta de efectivos

La acuciante falta de agentes que sufre el cuerpo de Mossos d'Esquadra ha sido una de las carpetas abiertas sobre la mesa de la Junta de Seguridad de Catalunya. Se trata de un problema congénito que está llevando al límite a la policía catalana pero que ha agravado la sobrecarga que supone defender Barcelona, y los principales puntos turísticos, de la amenaza yihadista. La conjugación de ambos factores ha provocado que en los últimos años haya menguado la prevención policial contra accidentes de tráfico, ladrones de domicilios, robos en la calle o venta ambulante, entre otros. El ciudadano sufre el impacto de un déficit de mossos que coincide con el aumento de delitos registrado durante este 2018 -especialmente en verano- en el centro histórico de la capital catalana, tal como avanzó este diario. 

Ante esta coyuntura, el Govern de la Generalitat ha solicitado al Ministerio de Interior la convocatoria de 1.500 nuevas plazas de agentes para los Mossos. La petición catalana es de una promoción de 750 agentes durante el 2019, que se integrarían en el 2020, y de 750 más en el 2020, que serían policías en el 2021. Según los cálculos de la 'conselleria', estos 1.500 agentes sumados a los 500 que esta semana han llegado al Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) aliviarían en parte el déficit de 2.000 funcionarios que ha acumulado el cuerpo desde el 2011, cuando se abrió un periodo de 6 años sin reposiciones y que ha infligido a los Mossos un decrecimiento anual de entre 200 y 300 policías, por bajas médicas, jubilaciones, segundas actividades, defunciones o saltos a otras policías locales.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reconocido que la solicitud catalana es "razonable" pero ha avisado que ahora deben estudiar hasta qué punto resultará posible "colmar" las expectativas del Govern. Fuentes del Ministerio han aclarado que no resulta posible dar otra respuesta dado que se trata de una decisión que "supera" al Ministerio. El coste de los Mossos d’Esquadra está incluido en una partida presupuestaria estatal y, por ello, la decisión de convocar nuevas plazas debe acordarla también el Gobierno de Pedro Sánchez. Según fuentes de la 'conselleria', el Estado debe a la Generalitat unos 800 millones de euros en este apartado. 

El ministro ha achacado el déficit de policías a las "políticas de austericidio" del gobierno de Mariano Rajoy, que han causado también estragos en el Cuerpo Nacional de Policía y en la Guardia Civil, que han perdido, en suma, "unos 26.000 agentes", ha recordado.  

Calma ante el envío de refuerzos

Uno de los pocos instantes que ha quebrado levemente la sintonía entre el ministro y el conseller d'Interior, Miquel Buch, y que ha permitido atisbar cierta rivalidad no resuelta, ha llegado cuando ambos han sido consultados acerca del envío de 600 antidisturios de la policía nacional a Catalunya hasta el aniversario del 1-O. Un refuerzo que se ha vivido con inquietud en la sociedad catalana, que mantiene fresco en la retina el recuerdo de los cruceros de los 'piolines' en el port de Barcelona y de las cargas policiales el día del referéndum unilateral. 

Marlaska ha pedido que no se "genere alarma" por el envío de estos refuerzos en los días previos a la Diada porque ejercerán "sus funciones", como son la protección de edificios públicos del Estado y porque estarán disponibles por si los Mossos piden su "cooperación o auxilio". Buch, sin embargo, ha replicado que no los necesitan porque los Mossos se bastan, una aseveración destinada a reseguir la competencia en seguridad ciudadana -en manos de la policía catalana- pero que ha sonado a contradicción minutos después de pedir más efectivos para los Mossos. 

El Ministerio, además de los 600 antidisturbios, ha ordenado también que hasta el 15 de octubre se suspenda la salida de Cataluña de 300 guardias civiles que tenían previsto abandonar esta comunidad para incorporarse de nuevo a sus destinos. Durante la rueda de prensa, el ministro no ha querido concretar la cifra exacta de agentes de ambos cuerpos que estarán en Cataluña, aunque ha precisado que sí se lo ha detallado por "lealtad institucional" al presidente de la Generalitat, Quim Torra.