USO Y ABUSO DE UNA FÓRMULA LEGAL

Decretos con alevosía estival

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MIriam Ruiz Castro

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En agosto y por la puerta de atrás. Meses después de que se alumbrara un pacto de Estado contra la violencia de género, el Gobierno ha desarrollado las medidas acordadas en el mismo mediante un decreto ley y en pleno verano. La fórmula escogida ha despertado las críticas de PP y Ciudadanos, a los que no ha gustado la forma y tampoco la época del año.

El próximo jueves la Cámara Baja celebrará un pleno en el que los diputados tendrán que convalidar al menos dos decretos del Gobierno, antes de que expire el plazo de un mes desde que recibieron la luz verde del Consejo de Ministros. Se trata del pacto de Estado contra la violencia de género y el que reactiva el programa de ayudas para parados de larga duración.

La Constitución reserva el uso del decreto ley para casos de “extraordinaria y urgente necesidad” y excluye algunas materias. Sin embargo, unos y otros gobiernos han usado esta fórmula para acelerar la puesta en marcha de alguna de sus medidas sin tener que esperar al trámite parlamentario, que suele demorarse más de seis meses, y asegurarse de que después serán convalidados en el Congreso sin posibilidad de presentar enmiendas.

La urgencia ha sido precisamente la causa que ha argüido el gobierno para justificar los siete decretos con los que se ha estrenado, y defender que no haya esperado a que acabaran las vacaciones para aprobar sus medidas contra la violencia machista o la exhumación de Franco.

Aquel verano del 2012

Pero Sánchez no es el único presidente que ha encontrado en el calor veraniego el momento perfecto para tirar de decreto. Mariano Rajoy es el presidente que más decretos leyes aprobó con la discreción del verano. Hasta 20 decretos estivales que trajeron recortes, subidas de impuestos e incluso una potente reforma financiera. Rajoy tenía mayoría absoluta en el Congreso, pero usó el decreto para sacar adelante importantes medidas sin tener que pasar por los largos trámites parlamentarios y en verano con la excusa de la urgencia que vivía España. El Tribunal Constitucional tumbó incluso parte del macrodecreto con el que Rajoy modificó hasta 26 leyes de una estocada un mes de julio.

El verano de 2012 fue uno de los más prolijos en decretos. Rajoy aprobó siete, los mismos que ya lleva Pedro Sánchez. Sin embargo, cuando llegó junio el líder del PP ya llevaba más de seis meses en el Gobierno y había podido sacar adelante sus primeras propuestas. Este es uno de los argumentos de los socialistas: es habitual que cuando un nuevo partido llegue al gobierno ponga en marcha nuevas medidas vía decreto, sea la estación del año que sea.

En verano, el BOE suele venir repleto de decretos que aprueban ayudas para zonas afectadas por los incendios. Y durante los años de Rajoy hubo otros que se colaban cada verano: los créditos extraordinarios para armamento. Entre 2012 y 2015 el Gobierno aumentaba el presupuesto del Ministerio de Defensa mediante este mecanismo, hasta que estos decretos sistemáticos recibieron la censura del Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas.

Siete años del 135

También Zapatero aprobó siete decretos en su último verano en Moncloa, el de 2011. Ese fue también el verano de la reforma del artículo 135 de la Constitución, por la vía exprés y sin referéndum, que se gestó un mes de agosto entre el Gobierno socialista y el PP de Mariano Rajoy. Eran tiempos de bipartidismo, y aunque el resto de los grupos rechazó la reforma, bastaron los 316 votos de los dos grandes. Para entonces, las plazas ya se habían llenado de indignados

Siete años después ocupa La Moncloa Pedro Sánchez, uno de los diputados socialistas que votó a favor de introducir el principio de estabilidad financiera para limitar el déficit en la Carta Magna y que además defendió en este diario el sentido de su voto. Ya como líder del PSOE, Sánchez aseguró años después que aquella reforma exprés con alevosía estival había sido un error y prometió enmendarlo hasta el punto de que el último programa electoral de los socialistas incluía expresamente reformar de nuevo el 135.