Tormenta de verano en el Gobierno valenciano

Tormenta estival o divorcio cocido al calor del verano. El arranque del curso político, el debate de política general del 11 de septiembre, y sobre todo los nuevos presupuestos que se deben acordar en otoño aclararán qué tipo de crisis ha vivido en agosto el bipartito que forman el PSPV y Compromís al frente de la Generalitat Valenciana. Reproches públicos vía Twitter, acusaciones gruesas de falta de lealtad casi al más alto nivel y, finalmente, un repliegue que ha incluido un cara a cara entre Ximo Puig y Mónica Oltra “cordial” pero sin declaraciones conjuntas posteriores. De fondo, las próximas elecciones autonómicas, sean cuando sean.

El presidente y la vicepresidenta despidieron el curso en aparente armonía. En una rueda de prensa conjunta presumieron de la buena salud del Pacte del Botànic y ambos aseguraron que no veían motivos para forzar un adelanto electoral. La posibilidad lleva meses encima de la mesa, por un lado para singularizar los comicios de la Comunitat Valenciana como el resto de nacionalidades históricas y hacerlas pivotar alrededor de su infrafinanciación; y por otro para aprovechar un posible beneficio electoral respecto al PP y Ciudadanos, más dependientes de sus marcas estatales.

Las hostilidades se desataron el día 22 de agosto en dos frentes. Por un lado, el anuncio por parte de la 'consellera' de Justicia, Gabriela Bravo, de que la primera comisaría de la Policía especializada en la violencia de género se establecería en la Ciutat de la Justícia de València. Oltra respondió en Twitter criticando su ubicación en los juzgados y no en el más amable espacio ‘Mujer 24h’. Pero, sobre todo, afeó lo que entendió como una intromisión de la 'consellera' de cuota socialista en sus competencias como 'consellera' de Igualdad.

El pacto de la discordia

Pero la guerra se centró en un tema capital para el Botànic: la financiación autonómica. A mediodía del mismo 22 de agosto, el 'conseller' de Economía, Vicent Soler, también socialista, pasó de la abstención al voto a favor en la propuesta del Gobierno central en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Lo hizo, según anunció el propio Puig, a cambio de medidas que suponían unos 850 millones de euros para la comunidad y un trato diferenciado.

Desde Hacienda se dijo que Compromís (Oltra, el diputado Joan Baldoví y Clara Ferrando, la número 2 de la vicepresidenta) habían estado informados en todo momento e incluso se filtró el texto de un supuesto correo electrónico dando cuenta del paso que se iba a dar. Pero sus socios de gobierno saltaron y negaron la mayor. Con Oltra a la cabeza, criticaron el propio acuerdo, que calificaron de insuficiente por no ser una solución global, y por haber cambiado el signo del voto sin pacto previo.

Con el paso de las horas y el aumento de la temperatura de los cruce de declaraciones, los socialistas se centraron en defender el acuerdo y Compromís, en criticar la “deslealtad” que desde el PSPV ya se asumía con el nombre de “problema de comunicación”. Desde el equipo de Oltra se hizo público un mensaje de Whatsapp de Soler dando cuenta del cambio del sentido del voto una vez que ya se había producido, lo que obligó a la Conselleria de Economia a cambiar su versión inicial.

Esperando a Cantó

Nadie sabe a quién beneficiaría un adelanto electoral, pero sí que solo el PSPV y el PP, con Isabel Bonig confirmada por Pablo Casado, estarían medianamente preparados. Compromís, aunque esté claro que Oltra va de número uno, aún debe celebrar unas primarias siempre complicadas, pues no dejan de ser una coalición de partidos. En cuanto a Podem y Ciudadanos, no tienen ni cabeza de cartel. En el partido de Albert Rivera, la duda es si Toni Cantó dará el paso (o se lo harán dar) para liderar la candidatura, lo que le obligaría a dejar su escaño en Madrid.