LA ELECCIÓN DEL GOBIERNO
El bufete belga que defenderá a Llarena: galardonado y con perfil económico
Tiene a más de 130 abogados en su plantilla y cubre más de 20 áreas especializadas
El juez Pablo Llarena, en una imagen de archivo. / JUAN MANUEL PRATS
Por qué confiar en El Periódico El bufete belga Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, escogido por el Ministerio de Justicia para representar a España y al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en la demanda civil interpuesta contra este en Bélgica, tiene un perfil económico y ha recibido diferentes premios por su labor.
Bajo la dirección técnica de la Abogacía del Estado, Liedekerke defenderá la soberanía e inmunidad jurisdiccional de la justicia española ante los tribunales belgas, tras la demanda interpuesta por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y cuatro de sus 'exconsellers' contra Llarena, instructor de la causa del "procès".
Fundado en 1965 y con más de 130 letrados en su plantilla, Liedekerke se define en su página web como un bufete "flexible" y "multidisciplinar", que está "activo en cada sector de negocios".
Cubre más de 20 áreas especializadas, entre ellas la banca y las finanzas, el sector inmobiliario o la propiedad intelectual.
Mayor firma independiente
Según la empresa, es la mayor firma independiente de abogados creada en Bélgica, y sus juristas son llamados habitualmente a dar clases dentro y fuera del país, y a ayudar a redactar legislaciones; arbitran en conflictos o son autores reconocidos.
Tiene sus oficinas en el centro de Bruselas, a unos minutos de la famosa Grand Place, y cuenta con otra sede en Londres.
Liedekerke ha recibido diferentes galardones en los últimos años, entre ellos el de mejor bufete de abogados de Bélgica en el 2016 que concede la plataforma especializada Chambers and Partners, que valoró logros como un trabajo destacado, el crecimiento estratégico o la excelencia en el servicio al cliente.
Algunos trabajos recientes del bufete incluyen haber asesorado al productor de energía belga EDF Luminus en una denuncia contra Bélgica por incumplir la directiva europea sobre la imposición a productos de energía, así como asistir al fondo de inversiones inmobiliarias Befimmo en la compra de un gran edificio de oficinas situado en el aeropuerto de Bruselas.
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