TENSIÓN POR LOS SÍMBOLOS

Casado propone prohibir por ley los lazos amarillos en las calles

Pablo Casado, presidente del PP

Pablo Casado, presidente del PP

Júlia Regué

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La tensión por lazos amarillos sigue enarbolando la disputa entre el PP y Ciutadans. La retirada de las insignias abanderada por los naranjas en las calles obligó a los azules a esbozar una estrategia que les condujese a primera línea. Primero propusieron la creación de una oficina de denuncia y este viernes Pablo Casado exigió que se sancione a quienes usen el espacio público para pedir la libertad de los políticos presos. ¿Cómo? Recuperando la ley de símbolos de 1981, que regula el uso de la bandera de España y otras enseñas, y planteando que se actualice para evitar que se usen las calles para difundir "propaganda" y "emblemas antidemocráticos".

El nuevo dirigente de los populares ya buscó marcar perfil propio cuando renegó de que los naranjas incentivaran el descuelgue de lazos. Censuró que a los de su partido no les encontrarían "generando crispación" y clamó que su labor es lograr que las instituciones que los arranquen. "No podemos decirle solo a los ciudadanos que hagan el trabajo en la calle que no hacen las instituciones", razonó, y defendió el principio de subsidiariedad para pedir a los municipios que se pongan en marcha. El vicesecretario de organización del PP, Javier Maroto, arremetió contra Ciudadanos y le acusó de buscar "la foto", una actitud que ve "inapropiada" en alguien "que quiere ser presidente".

La líder de Ciudadanos en Catalunya, Inés Arrimadas, acusó al PP de asumir el "discurso separatista", y el secretario general del partido, José Manuel Villegas, añadió que eso les llevaba a "desaparecer" y a perder referencialidad en el tablero político. Eso sí, ambos coinciden en achacar "irresponsabilidad" por "inacción" al Gobierno de Pedro Sánchez y le afean que la "confrontación política llegue a la calle". Casado tachó al presidente de "rehén" de los independentistas por los votos que le facilitaron su llegada a la Moncloa. 

La portavoz del Ejecutivo central, Isabel Celaá, quiso calmar los ánimos. Condenó cualquier trifulca por las insignias, llamó a la contención y a la prudencia, y pidió guardar "la mayor neutralidad posible de los espacios públicos". "La libertad de expresión de los particulares termina donde empieza la de los otros", sentenció, y reivindicó que "a nadie le interesa tener problemas en las calles". El Gobierno da prioridad a la polémica e insiste en abordar el conflicto en la Junta de Seguridad de Catalunya.

Desde Perpinyà, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, instó a los que "tienen actitudes violentas y de fractura" a que "no lo intenten y abandonen toda esperanza" porque, avisó, "encontrarán a todo el pueblo catalán unido contra ellos".

Colau, contra la "ocupación masiva"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, tachó de "agresión" la retirada de lazos y defendió que su colocación se enmarca en la "libertad de expresión". A la vez, pidió al independentismo que deje de "ocupar masivamente" el espacio público y que se evite una "guerra de símbolos". 

Los presidentes de los grupos municipales de Cs, PP y PSC en la ciudad, cargaron apresuradamente contra sus aseveraciones tras ver en ellas un amparo al independentismo. Le replicaron que los lazos amarillos "no son democráticos ni respetan la pluralidad", defendieron el "ejercicio de libertad de descolgarlos" y le reprocharon que haya uno en la fachada del consistorio.