El PP anima a la fiscalía a querellarse contra el juzgado belga

Aspavientos y acusaciones cruzadas en el tablero político por la decisión del Gobierno de sufragar la defensa del magistrado del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena ante la justicia belga, después de que Carles Puigdemont y cuatro de sus 'exconsellers' lograran sacar adelante una demanda civil contra él. El Ejecutivo de Pedro Sánchez niega un cambio de criterio, busca un bufete que le atienda desde Bélgica e insiste en que no se trata de personalismos sino de blindar la integridad jurisdiccional de España. "Vamos a defenderla hasta las últimas consecuencias", zanjó la ministra de Justicia, Dolores Delgado. 

Pero sus aseveraciones no fueron suficientemente contundentes a ojos de los populares. El presidente de los azules, Pablo Casado, instó a la fiscalía a que estudie si puede querellarse contra el tribunal que acoge la demanda por "inmiscuirse en la inmunidad" y abrazar una "afrenta" al organigrama del poder judicial español. Casado criticó los "bandazos" del Gobierno y afirmó que el magistrado vive en un "desamparo absoluto". Aún así, según informa la 'Cadena SER', Llarena no acudirá el 4 de septiembre a la capital belga. 

Los naranjas no fueron menos y activaron vías institucionales para blindar "sin fisuras" al juez. Albert Rivera registró una proposición no de ley en el Congreso que insta al equipo de Pedro Sánchez a proteger la jurisdicción española en el extranjero ante "la indefensión y el acoso independentista". 

A Unidos Podemos tampoco le agradó la decisión del Ejecutivo y emplazó a los socialistas a retroceder en sus alegatos hasta el primer renglón. "La actitud inicial del Gobierno era la más adecuada porque intentar o pretender defender con el dinero de todos los españoles por una cuestión privada a un juez no nos parece lo más adecuado", censuró la portavoz Ione Belarra.

Incomprensión en el independentismo

Uno de los impulsores de la denuncia, Puigdemont, avisó de que la decisión del Gobierno "sentará un precedente gravísimo" y aseguró que la causa por el 'procés es un "montaje político". 

Posconvergentes y republicanos se unieron en el rechazo. La voz del PDECat en el Congreso, Carles Campuzano, lamentó su "amedrentamiento ante la derecha judicial y política" y lo ildó de sinsentido. "Se ha equivocado", indicó al Gobierno. El presidente de la formación, David Bonvehí, "lamentó" que "el PSOE ceda a las presiones del PP y Ciutadans".

Mucho más tajante fue el republicano Gabriel Rufián, quien acusó a Sánchez de tener "poca valentía". "Que defiendan a un juez que se ha mostrado lacayo de según qué despachos de Génova 13, lo que hace es constatar que el PSOE lo único que quiere es no molestar mucho", remachó. 

¿Puede esto entorpecer futuros acuerdos? ERC mantuvo su mano tendida a "cualquier iniciativa social que dignifique la vida de la gente", pero no para "atentar contra los derechos civiles", y el PDECat prefirió "no mezclar las cosas".