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JUICIO AL JUEZ DEL 'PROCÉS'

El Gobierno contratará un bufete belga para defender a Llarena

El Ejecutivo asegura que ya ha iniciado la defensa del magistrado

Trata de calmar así la presión ejercida por jueces, fiscales, PP y Cs

Rosa M. Sánchez / Roger Pascual

El juez Pablo Llarena, en un curso de verano de la Complutense en El Escorial.

El juez Pablo Llarena, en un curso de verano de la Complutense en El Escorial. / Tania Tapia

El Gobierno sacó el jueves un comunicado en el que aseguraba que no pensaba sufragar la defensa de Pablo Llarena por sus "expresiones o manifestaciones privadas", pero que contrataría a un bufete privado para defenderle si se cuestionaba su instrucción en el juicio al 'procés'. Esa ambigüedad le hizo recibir palos por todas partes, en especial de los que creían que había dejado tirado al magistrado instructor del 1-O. Tras un fin de semana en el que ha encajado las críticas de jueces, fiscales, del PP y Ciudadanos, el Ejecutivo ha lanzado un nuevo comunicado en el que explica que inició "hace días los mecanismos para la defensa de la soberanía jurisdiccional española y del juez Llarena" entre los que se encuentra (esta vez sin condiciones) la contratación de un despacho de abogados de ese país.

Desde el punto de vista de La Moncloa, no se ha producido ningún cambio de criterio en el Gobierno. El Gobierno sigue pensando que no le corresponde actuar en la defensa de un juez por sus acciones particulares pero ha actuado (con la búsqueda de un bufete) a partir del momento en que ha entendido que en la causa se ha puesto en tela de juicio la soberanía jurisdiccional de España. No precisa si el término "desde hace unos días" abarca la fecha del jueves, fecha en la que el Ministerio de Justicia, a través de un comunicado público, dio a entender que el Gobierno se desentendía de la asistencia jurídica al juez. Según fuentes de la Moncloa, el exceso de "ruido político" producido en los últimos días sobre esta cuestión es lo que finalmente ha llevado al Gobierno a intentar "aclarar" su posición al respecto en la tarde del domingo. La "aclaración" se produce un día después de la reunión informal de los ministros de Sánchez en la finca de Los Quintos de Mora (Toledo). 

Un día antes, el viernes, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, la vicepresidenta Carmen Calvo, al ser preguntada por la actitud política del Gobierno en esta cuestión volvió a desmarcar al Gobierno de la asistencia a Llarena y atribuyó esta tarea al CGPJ. Según dijo la vicepresidenta el viernes, el Gobierno solo intervendría en el caso si se cuestiona la soberanía jurisdiccional de España. "Eso sí le corresponde al Ejecutivo y en ello está el Ministerio de Justicia", dijo. En el comunicado de este domingo, el Ejecutivo explica que ha atendido todas las indicaciones del Consejo General del Poder Judicial "hasta este momento" en relación a la demanda contra el juez para defender los intereses del país, y que atenderá las peticiones "de salvaguarda de la soberanía jurisdiccional española" que en el futuro pueda realizar el Poder Judicial. La ministra de Justicia prevé participar en una entrevista en RNE este lunes, a las 9:30, en la que podría aclarar el alcance de las acciones emprendidas por su Departamento en Bélgica.

Si el objetivo era aplacar las críticas, de momento no lo ha conseguido. El presidente del PP, Pablo Casado, aprovechó este caso como ejemplo de lo que considera "bandazos" del Gobierno. "Siguen los bandazos del Gobierno. Primero nos insultan por criticar su incompetencia y luego dan marcha atrás y hacen lo que reclamábamos. Inmigración, economía... y ahora Justicia. El PP lleva la iniciativa y la izquierda solo acierta cuando rectifica", escribió Pablo Casado en un mensaje en su cuenta de Twitter.

El 'expresident' Carles Puigdemont y los ex 'consellers' Toni Comín, Meritxell Serret, Lluis Puig y Clara Ponsatí presentaron una denuncia en Bélgica después de que el juez dijera en una conferencia en Ovido que los soberanistas encarcelados no son "presos políticos", con lo que los demandantes consideran que no respetó su derecho a la presunción de inocencia. Antes de que se hiciera público este comunicado, Puigdemont ha considerado que la actitud del gobierno español en la demanda contra Llarena en Bélgica es "correcta". "El gobierno español ha hecho lo que tenía que hacer", ha asegurado Puigdemont en declaraciones a TV3, antes de intervenir en el foro internacional escocés Beyond Borders en Escocia. El 'expresident' ha criticado el "corporativismo ciego" de las asociaciones de jueces y de fiscales españolas, que han exigido al Estado que presente y sufrague la defensa de Llarena a Bélgica.

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