La fiscal general del Estado no ve delito en poner ni quitar lazos

Ni quitar ni poner lazos amarillos en la calle es delito. Así lo cree la fiscal general del Estado, María José Segarra, que considera formas de "libertad de expresión" un asunto que se ha convertido en foco de disputa en Catalunya. Desde que a finales de verano Ciutadans inició una campaña de retirada para la retirada de símbolos independentistas, se han producido enfrentamientos entre partidarios y detractores del amarillo en las calles, plazas y ayuntamientos. El hecho de que las personas que se dedican a "limpiar" las calles lleven tijeras, cuchillos y cúters inquieta a la policía catalana, que ha decidido tomar cartas en el asunto.

Los Mossos d'Esquadra ya detuvieron hace dos semanas a un hombre por amenazar presuntamente con un cuchillo a dos hombres en Verges en el marco de un enfrentamiento entre personas del pueblo y un grupo de encapuchados que estaban arrancando 'estelades' y lazos amarillos. Y el pasado viernes identificaron a 14 personas más por quitar lazos de la calle en varias localidades de Tarragona. Entre los detenidos se encontraba un guardia civil, hecho que llevó al vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, a reclamar a Pedro Sánchez que vigile a sus "uniformados" y a Carles Puigdemont a sentenciar que el "'a por ellos' bendecido por Felipe VI se les está escapando de las manos y amenaza con agravar la violencia desatada". La policía catalana ha abierto acciones legales contra los identificados por si su acción puede ser constitutiva de una infracción de la ley 4/2015 de seguridad ciudadana, la llamada ley mordaza, recordando que contempla multas entre 600 y 30.000 euros. 

La fiscal general del Estado ha matizado que "no le toca a ella responder sobre la aplicación" de esta legislación ya que "son las autoridades gubernativas catalanas las que tomaran las decisiones, seguramente las más oportunas". Tras recordar que "por ahora no hay ningún procedimiento penal abierto", Segarra ha valorado que "tan lícito es publicitar una opinión ideológica, como manifestar una opinión contraria retirando material que se ha depositado".

Las autodenominadas "brigadas de limpieza", también conocidas como Grupos de Defensa y Resistencia (en respuesta los CDR), se dedican a quitar símbolos independentistas desde abril. Ciudadanos fue el primer partido en intentar capitalizar públicamente estas acciones al lanzar una campaña en favor de la retirada de lazos. "Si el Gobierno de Sánchez no quiere limpiar de propaganda separatista ilegal los espacios públicos en Catalunya, lo haremos nosotros", sentenció Albert Rivera. El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha explicado este lunes que la formación 'naranja' ha pedido la comparecencia en el Parlament del 'conseller' de Interior, Miquel Buch, y que Cs seguirá quitando los lazos amarillos y los símbolos independentistas de las plazas públicas, pese a la intervención de los Mossos. "Los cargos públicos vamos a seguir limpiando los espacios públicos", ha señalado. 

Más allá de las retirada de símbolos en calles y plazas, concejales de Ciutadans retiraron también una pancarta de apoyo a los políticos presos del ayuntamiento de Reus. El alcalde de la ciudad, Carles Pellicer, presentó una doble denuncia por el "asalto" al ayuntamiento: una en defensa de la institución, y la otra por amenazas contra su persona. El Ayuntamiento de Barcelona también denunció ante la fiscalía a los manifestantes de ultraderecha que el pasado 27 de mayo intentaron retirar un lazo amarillo de la fachada del consistorio e incluso trataron de entrar en el edificio. Habrá que ver si los tribunales avalan estas acciones.

Lo que sí avaló el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) el pasado 24 de julio fue la retirada de una 'estelada' que el Ayuntamiento de Sant Cugat instaló en una plaza, al concluir que la “ocupación” del espacio público con símbolos “partidistas” por parte de un consistorio vulnera la neutralidad. Ciutadans y el PP enarbolan esta sentencia para reivindicar la retirada de todos los símbolos en solidaridad con los políticos presos. 

Políticos encarcelados

"Esa sentencia deja muy claro que hay que velar por la neutralidad en el espacio público. Si no lo hacen las administraciones, hay vecinos que lo hacen", ha señalado Xavier García Albiol en 'Espejo Público'. El líder del PPC ha reclamado a la Fiscalía que actue ante las palabras del 'president', Quim Torra, que declaró que se tenía que "atacar este Estado español injusto". Para Albiol estas declaraciones encajan "en un delito de apología de violencia contra el Estado", tipificado en el Código Penal, por lo que ha reclamado a la fiscal general del Estado que "estudie las declaraciones y actúe".

Segarra ha contestado que su cometido no es "comentar pronunciamientos políticos" del 'president' catalán ni de sus relaciones con el gobierno español. "Son manifestaciones meramente de un representante de político y ahí están sin más. Nosotros juzgamos hechos y concretos, no tenemos ninguna causa contra el independentismo. Juzgamos hechos concretos y cuando hay relevancia delictiva se actúa, si no la hay pues no se actúa". 

La causa que si que tienen pendiente contra el independentismo es por el 1-O y sus derivadas. Sobre la situación de los políticos independentistas presos y si se mantendrá la acusación por un delito de rebelión, Segarra ha explicado que la postura de la Fiscalía es "inminente", y ha señalado que se pronunciaran "en cuanto les den el traslado para formular el escrito de acusación". Es aquí cuando, según expone, "se realizará la descripción de las conductas que se atribuyen a cada uno de los acusados y la responsabilidad que se les pide".