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Descuido mortal en los atentados del 17-A

Los ingredientes del explosivo de Alcanar se vendieron sin el obligatorio aviso a las Fuerzas de Seguridad

Una norma europea y una resolución de Interior mandaban a los vendedores de precursores de explosivos alertar de "transacciones sospechosas"

Entre los vendedores esa normativa no es muy conocida, aunque, a raíz de los atentados del 17-A, la ley española se endureció con multas

Juan José Fernández

El 22 de septiembre de 2017, agentes de la Guardia Civil detuvieron al joven marroquí Said Ben Iazza, por su supuesta relación con la célula yihadista de los atentados de Barcelona y Cambrils.

El 22 de septiembre de 2017, agentes de la Guardia Civil detuvieron al joven marroquí Said Ben Iazza, por su supuesta relación con la célula yihadista de los atentados de Barcelona y Cambrils. / Domenech Castello

Los yihadistas de la célula de Ripoll se hicieron fácilmente con 240 litros de peróxido de hidrógeno (agua oxigenada de alta concentración), 475 litros de acetona, 25 litros de ácido sulfúrico y la sosa cáustica necesaria para fabricar el explosivo TAPT que guardaban en el chalé de Alcanar, pese a diversas normas legales que alertaban a los comercios contra este tipo de ventas.

Mohamed Hichamy y Youssef Aalla –dos de los miembros de la célula que posteriormente murieron, el primero en Cambrils y el segundo en la explosión del chalé–  se aprovecharon del desconocimiento de esas normas por parte de los vendedores en su recorrido por tiendas de Tortosa (Tarragona), Gurb (Barcelona) y Vinarós (Castellón), para el que les bastó apenas una semana, entre el 25 de julio y el 2 de agosto de 2017.

Cuando compraban en la Industrial Sabonera, Audí Pintures, Colors i Complements (las tres de Tortosa), Pinturas Galindo (Vinarós) y Pintures Vic (Gurb) ya hacía tres años que era de aplicación una resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad que designaba un punto para comunicar lo que la ley llama "transacciones sospechosas".

La resolución es del 20 de noviembre de 2013. En ella, el Ministerio del Interior establece como "punto de contacto nacional para la comunicación y registro de transacciones sospechosas" el CITCO, entonces llamado Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado. E incluso da un teléfono: 91 537 27 33. Ese número, según ha podido comprobar EL PERIÓDICO, sigue hoy operativo. Aquella resolución se incumplió en el caso de la célula de Ripoll, consideran fuentes de la Policía Nacional.

Obligatorio

Interior aludió en el preámbulo de la resolución a otra norma anterior, un reglamento europeo "obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable" en España. Es el Reglamento sobre la Comercialización y la Utilización de Precursores de Explosivos, del 9 de febrero de 2013, que pretende "limitar el acceso no autorizado de los particulares a los precursores de explosivos, con la finalidad de lograr en el plano nacional una protección contra su utilización ilícita".

Entre las sustancias que señala como precursores de explosivos están claramente incluidas la acetona, el ácido sulfúrico y el peróxido de Hidrógeno de más de un 12 por ciento de concentración. El que compraron los terroristas era mucho más fuerte: del 30 por ciento.

Esta ley obliga a los vendedores a comunicar las "transacciones sospechosas". Lo es aquella venta de una cantidad desproporcionada del ingrediente peligroso o que sea pretendida por alguien que no sea profesional registrado de la pintura o limpieza de edificios.

Según las declaraciones de testigos que forman parte del sumario del 17-A, las compras las realizaron Hichamy y Aalla dando nombres y números de teléfonos inventados, incluso aportando un NIE (documento de identidad de extranjero) que no era suyo. Se lo prestó Saiz Ben Iazza, joven carnicero marroquí de Vinarós ahora en prisión por colaborar con la célula. En Tortosa, por ejemplo, Hichamy enseñaba el carné de Iazza sin que los vendedores comprobaran si la foto correspondía.

En el caso de Barcelona, la venta no fue tampoco normal. Hichamy llegó a Audí Pintures en una moto. Atrás, en el aparcamiento, le esperaban otros terroristas en el Audi negro de Aalla. Sus ocupantes solo salieron de él cuando Hichamy consiguió cinco garrafas de acetona que previamente había pedido por teléfono, y les hizo una señala para que las cargaran en el coche.

Norma difusa

Fuentes policiales no se extrañan de la relajación con que se vendieron estos productos peligrosos en Catalunya y Castellón. La ley era, de hecho, difusa en cuanto a, por ejemplo, qué cantidad de producto se debe considerar "transacción sospechosa" y hasta qué punto se debía comunicar.

"A nosotros nunca se nos explicó", asegura David Tona, dependiente de Pintures Vic, uno de los establecimientos visitados por los terroristas. Él les sirvió siete garrafas de 25 litros de acetona cada una. "Sí nos pareció un poco raro –admite Tona–, porque era un chico joven y mucha cantidad". 

En numerosas droguerías y tiendas de pintura, según ha podido comprobar EL PERIÓDICO, a la hora de vender productos como este les preocupa más el "parte de transporte" de mercancías peligrosas que la cantidad comprada o la identidad del comprador.

La relajación en el control de estas sustancias asemeja el caso del 17-A con el del 11-M. Para la matanza yihadista de Madrid, los asesinos se aprovecharon de la falta de vigilancia sobre la dinamita de la asturiana Mina Conchita.

Un veterano de la lucha antiterrorista de la Guardia Civil en Euskadi recuerda que la falta de control vene de lejos: "En los 90, cuando en España se endureció el acceso a los ingredientes del amonal y al amosal, que usaba ETA, en Francia, nada más pasar la frontera, era aún muy fácil hacerse con nitrato de amonio, aluminio o incluso Pentrita", relata.

Después de los atentados del 17-A, el Gobierno aceleró los trámites para disponer de una Ley de Precursores de Explosivos”. Es la ley 8/2017. 

Desde entonces, todos los vendedores de agua oxigenada fuerte, acetona y otras sustancias peligrosas deben comunicar al CITCO "cualquier transacción o intento de transacción" en no más de 48 horas. Es transacción sospechosa si el comprador "no indica con claridad la utilización prevista de la sustancia", intenta adquirir una "cantidad inusual", insiste en pagar en efectivo o "es reacio a aportar pruebas de su identidad". No comunicarlo se castiga con multas de hasta 60.000 euros, si bien la ley sigue sin aclarar cuánto es una "cantidad inusual".

Esta ley se publicó en el BOE el 8 de noviembre de 2017, dos meses y 21 días después de los atentados de Barcelona y Cambrils.

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