La pancarta contra el Rey fue colgada en una oficina que ha sido sede de entidades soberanistas

Los activistas independentistas que mantuvieron colgada una pancarta contra el Rey durante el homenaje a las víctimas del 17-A utilizaron un inmueble muy vinculado a entidades soberanistas intermitentemente activas en momentos críticos del 'procés', según fuentes cercanas a la investigación del caso.

El balcón pertenece a una amplia oficina de la quinta planta del número 9 de la Plaza de Catalunya, propiedad de un acaudalado independentista, que en el pasado ha prestado el local para otras movilizaciones.

La oficina ha sido hasta la pasada primavera sede de la Fundación Catalunya Estat, presidida por el activista y empresario Jaume Vallcorba, y dedicada a la difusión de datos negativos sobre la gestión económica y presupuestaria del Estado, entre otros argumentos independentistas. Esta entidad está ahora menos activa, pero tras un periodo de más actividad propagandística durante los meses más intensos del 'procés'.

En ese piso ha compartido uno de sus domicilios hasta hace poco más de un mes, además de una pequeña red de microfinanzas, el Centre Nova Innovació Social y el Institut Internacional per l’Acció no Violenta. Encabeza ambas entidades (que en realidad son la misma) el activista Martí Olivella Solé.

Olivella fue pionero en movimientos contra la mili en los años 70 y siempre ha militado en colectivos pacifistas. Es uno de los líderes de la iniciativa EnPeuDePau, que en el universo soberanista promueve y entrena movilizaciones de resistencia no violenta, sentadas en espacios públicos, protestas multitudinarias y cortes de vías de circulación. De hecho, Olivella ha formado a diversos CDR (el de Vic entre ellos) en técnicas de resistencia pacífica a la policía.

El centre Nova tiene entre sus objetivos declarados públicamente "ofrecer apoyo, formación y asesoramiento a movimientos no violentos o de resistencia civil pacífica" y también "llevar a cabo acciones de incidencia política", además de "articular la captación de fondo de solidaridad para la consecución de estas actividades".

Del mismo balcón que protagoniza la polémica del homenaje a las víctimas del 17-A colgó también otra famosa pancarta durante la Acampada per la República, movilización que se desplegó en febrero, marzo y abril pasados en la plaza de Catalunya. La pancarta pedía "Llibertat Presos Polítics".

Asistencia de Òmnium

A las once y media de la noche del pasado jueves 16, cuando agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de los Mossos d’Esquadra se colocaron al pie del edificio, comprobaron que en el interior de la que últimamente es una oficina vacía y en alquiler había cuatro personas.

La pancarta ya colgaba del balcón. A las Fuerzas de Seguridad les preocupaba que, al tapar varias ventanas, dejaba "puntos ciegos", ocultos, desde los que alguien podría atentar contra el Rey, Pedro Sánchez o el resto de autoridades que se iban a dar cita al día siguiente en los actos conmemorativos.

Policías y mossos subieron a la quinta planta para hablar con las personas que estaban dentro, pero una activista barcelonesa, líder del grupo, se negó a abrirles, y solo aceptó hablar a través de la puerta, insistiendo en que se negaban a quitar la pancarta, y que tenían permiso del propietario para entrar.

La activista no abrió la puerta hasta que aparecieron un abogado que se identificó como ligado a Òmnium Cultural y sus ayudantes, a los que había llamado desde dentro. La puerta se entreabrió y a estos sí se les permitió el acceso.

Tensión

En un clima de creciente tensión institucional, la Delegación del Gobierno en Catalunya ha pedido explicaciones al Departamento de Interior de la Generalitat por la falla de seguridad que supuso la permanencia de la pancarta durante los actos.

De hecho, la delegada accidental, Montserrat García, ha enviado sendos requerimientos al director general de los Mossos, Andreu Joan Martínez, y también al comisionado de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, Amadeu Recasens, para que expliquen qué hicieron cuando desde el aparato de la Seguridad del Estado les exigieron, en vano, que la pancarta fuera retirada.

Durante la noche del 16, la delegada del Gobierno, que se acercó al lugar para evaluar la situación, quiso que fueran los Mossos quienes se encargasen de las gestiones para intentar retirar la pancarta. Prefirió no enviar a agentes de la Policía Nacional o Guardia Civil a descolgar el cartélón para evitar una "emboscada mediática, una foto negativa para ambos cuerpos", según fuentes policiales.

En la Delegación del Gobierno en Catalunya tienen dudas sobre el empeño con que la policía catalana se empleó para retirar la pancarta.