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El Govern sostiene que Puigdemont tiene derecho a escolta

Los servicios jurídicos argumentan en sentido contrario a lo decidido por Interior

Fidel Masreal

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont / AP / MARKUS SCHREIBER

Los servicios jurídicso del Govern han emitido un informe en el que se defiende la necesidad de que Carles Puigdemont, huído a Bélgica, de un servicio de escolta por su condición de 'expresident' de la Generalitat, pero a título personal.

El informe cita la ley sobre el estatuto de los expresidentes para asegurar que sólo se puede negar la escolta a Puigdemont en caso de que él mismo renuncie a ello o el Paralment lo decida por una mayoría de dos terceras partes. El texto también se basa en un decreto del 2003 que concluye que los exmandatarios requieren de "servicios de seguridad necesarios" para el desarrollo de sus funciones. El informe añade que deberán ser las autoridades de los países receptores -en la actualidad Bélgica- las que autoricen la entrada de los Mossos. Eso sí, corresponde al minisetriode Exteriores tramitar esta solicitud. Añade el informe que no existe ninguna previsión que limite este servicio de seguirdad a Catalunya o a España. Y además advierte que al ministerio "no le corresponde valorar" si otorga o no tal protección.

El ministerio del Interior rehazó hace tan sólo unos días poner escolta al 'expresident' Carles Puigdemont en respuesta a la petición que le había realizado la Generalitat. El gobierno se basa en un informe de la Abogacía del Estado, al que tuvo acceso EL PERIODICO, y en el que se afirma que "el ex presidente de la Generalitat de Catalunya, físicamente, debería estar en un centro penitenciario", en cumplimiento del Auto del 21 de marzo del Tribunal Supremo. Por tanto, concluye, ponerle "cualquier servicio para su protección" sería innecesario e inviable.

"El otorgamiento de la autorización que comentamos por el Ministerio del Interior sería de todo punto incompatible con el desempeño de las funciones de policía judicial normativamente atribuidas a dichos servicios policiales", se añade.

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