Comín y Serret piden recusar a Llarena por su cena con Alberto Fernández Díaz

Los 'exconsellers' de la Generalitat fugados en Bélgica Toni Comín y Meritxell Serret han pedido nuevamente la recusación del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena por cenar con el presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, lo que evidencia "una falta de imparcialidad".

Se trata de la segunda vez que los 'exconsellers' presentan un incidente de recusación contra el instructor de la causa del 'procés', quien rechazó de plano la primera el pasado junio al considerarla un "fraude procesal", por producirse a los seis meses de iniciar la instrucción.

El abogado Gonzalo Boye recuerda en su escrito, adelantado por 'ElNacional.cat' y al que ha tenido acceso Efe, que el juez Llarena aún continúa siendo el instructor de la pieza separada que afecta a Meritxell Serret y a Antoni Comín así como al resto de fugados, entre ellos el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. Y explica que el motivo de pedir su recusación por segunda vez es es la noticia sobre "el conocimiento estrecho y personal" de Llarena y el presidente del Grupo del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, que fueron vistos cenando juntos en un restaurante de Palafrugell (Girona) el pasado 28 de julio.

Imparcialidad cuestionada

Lo que plantea el abogado de los políticos fugados es "si la relación de amistad entre el Excmo. Magistrado Sr. Instructor y Alberto Fernández Díaz daría lugar a entender que el juez que conoce de la pieza separada en que se hallan investigados mis clientes guarda apariencia de imparcialidad o, como sostenemos, ciertamente no es posible considerarlo imparcial".

Menciona que "el auto de procesamiento dictado por el Magistrado cuya recusación se interesa aquí, incluye, como ya lo hicieran destacados políticos del PP, una equiparación con el intento golpista de 1981". Al respecto, destaca que el propio Fernández Díaz se ha alineado con esa tesis y pone como ejemplo que en el ayuntamiento de la Ciudad Condal propuso "una iniciativa que logró que la Junta electoral de Barcelona prohibiera la iluminación amarilla en fuentes y edificios públicos de Barcelona".

Fernández Díaz "no solo se le ha destacado en manifestaciones bajo la bandera españolista que esgrimían rechazo contra "los golpistas en Barcelona sino que, además, se perfila como un duro combatiente, incluso, contra los símbolos de sus rivales políticos, de los que algunos de ellos se encuentran en prisión provisional y otros exiliados".

Para el letrado, "es evidente que la imagen del instructor de la presente causa especial cenando con un destacado representante político el día 28 de julio pasado no da garantías de imparcialidad a ningún observador objetivo ni despliega una imagen acorde al sistema democrático basado en la independencia judicial ni en la separación de poderes". 

Desigualdad denunciada

Por otro lado, los 'exconsellers' Jordi Turull y Josep RullJordi Turull y Josep Rull, y el exlíder de ANC Jordi Sànchez han denunciado la "peor condición" que sufren al estar en prisión a diferencia de los procesados que se encuentran huidos, entre ellos Carles Puigdemont, y han solicitado al Tribunal Supremo que plantee una cuestión prejudicial a Europa.

Lo han hecho en el recurso de súplica que su defensa ha presentado ante el Tribunal Supremo para solicitar una vez más su libertad una vez que el pasado 27 de julio la Sala encargada de enjuiciar los hechos se la denegase. 

En este nuevo recurso, la defensa, ejercida por Jordi Pina, se pregunta si es compatible con los derechos fundamentales que el juez instructor, Pablo Llarena, retirase "sin motivación alguna" todas las órdenes de detención emitidas contra los procesados fugados cuando "simultáneamente" mantiene en prisión en España a nueve líderes independentistas cuando todos están siendo investigados "exactamente por los mismos hechos y delitos". 

Libre circulación

También denuncia que sus defendidos estén "en peor condición" por "el mero hecho de residir en España" cuando Llarena permite "la libre circulación por el resto del globo a los investigados residentes en el Reino Unido y en Suiza" (los únicos países que no llegaron a resolver sobre las euroórdenes).

Por ello, considera que la Sala encargada de enjuiciar los hechos, presidida por el magistrado Manuel Marchena, debe plantear "obligatoriamente" dicha cuestión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.