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Caso Iron, Land y Tándem

La Fiscalía recurre las dos piezas archivadas del caso Villarejo

El magistrado asegura que las personas que contrataron los servicios del excomisario conocían su pasado

El Periódico / Agencias

José Manuel Villarejo, el pasado febrero, en Estepona (Málaga). / EFE / JORGE ZAPATA

José Manuel Villarejo, el pasado febrero, en Estepona (Málaga).
El excomisario José Manuel Villarejo.

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Anticorrupción va a recurrir el archivo parcial de las dos piezas del caso Tándem, Land y Iron, decretado por el juez Diego de Egea respecto a cuatro responsables de un bufete de abogados y familiares del promotor de La Finca en Pozuelo (Madrid) que contrataron los servicios del excomisario José Manuel Villarejo.

Para acordar este sobreseimiento parcial, el juez de la Audiencia Nacional argumentó fundamentalmente que al contratar los servicios del excomisario, en prisión desde noviembre, ninguno de ellos conocía su condición de policía, afirmación que no comparte la Fiscalía Anticorrupción, según fuentes jurídicas.

Por ello en su recurso, la Fiscalía, entre otros motivos, expondrá para que se les mantenga abierta la investigación que existe documentación acreditativa para sostener que conocían su condición de funcionario policial, en contra de lo que mantiene el juez, y que además conocían los métodos de espionaje que éste empleaba.

En la pieza Iron se investiga el encargo del bufete Herrero y Asociados a Villarejo para investigar a un despacho rival, mientras que Land -que está bajo secreto de sumario- versa sobre la participación de Villarejo en la guerra familiar de los Cereceda, promotores de La Finca.

Todos ellos han sido apartados de la investigación por falta de pruebas, según el juez, y en ambas permanecen como investigados Villarejo y el abogado Rafael Redondo, también en prisión.

La decisión de archivo en esas dos piezas se produce después de que De Egea sobreseyera hace dos semanas la pieza en la que investigaba al excomisario del aeropuerto de Madrid-Barajas, Carlos Salamanca, por recibir dádivas a cambio de introducir ciudadanos guineanos de forma ilegal, archivo que también ha sido recurrido en apelación por la Fiscalía.

En el marco de este caso, con numerosas vertientes, la Policía detuvo ayer al empresario Juan Muñoz, marido de la periodista Ana Rosa Quintana, así como a su hermano y al abogado de ambos por su relación con Villarejo y vinculados a un supuesto chantaje. A los tres se les imputan delitos de descubrimiento y revelación de secretos y extorsión dentro de unas diligencias que están secretas y en las próximas horas serán puestos a disposición del juez De Egea.

Grabaciones contra el Rey

Las acusaciones contra Muñoz, su hermano y su abogado se basan en grabaciones incautadas a Villarejo en los registros que ordenó el juez cuando se produjo su detención, unos audios con conversaciones que está analizando la unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional y remitiendo al juez de la Audiencia Nacional en diferentes informes.

Uno de los últimos informes que recibió el magistrado, a raíz del cual abrió la pieza número 5 del caso, bautizada Carol, trata sobre una conversación grabada en 2015 entre Villarejo y la amiga de don Juan Carlos Corinna zu Sayn-Wittgenstein en la que ella desvela que el Rey emérito tenía cuentas en Suiza y que fue utilizada como testaferro para ocultar su patrimonio en el extranjero.

En base a esas grabaciones, De Egea tomó declaración la semana pasada a Villarejo, quien argumentó que fue a hablar con Corinna por orden del Estado para solventar los problemas entre ella y el exjefe del Estado.

Villarejo vuelve a pedir su excarcelación

El abogado Ernesto López Díaz-Bastien, que ejerce la defensa al comisario jubilado José Manuel Villajero -investigado en la Audiencia Nacional por cohecho y revelación de secretos, entre otros delitos- ha presentado un escrito ante el juez central de refuerzo número 6, Diego de Egea, en el que vuelve a pedir su puesta en libertad cuando se cumplen 9 meses desde que se acordó su ingreso en prisión provisional.

Asegura que no existen razones para mantenerle en prisión, ya que no va a huir porque está "convencido de su inocencia" y añade que sus actividades mercantiles -por las que se le investiga en diferentes piezas del sumario- estaban "autorizadas materialmente por sus superiores" en la Policía. En anteriores ocasiones, la excarcelación ha sido rechazada tanto por el instuctor como por la Sala de lo Penal.

La defensa del excomisario recuerda en un nuevo escrito de 6 páginas que entregó este martes en el Juzgado Central de Instrucción número 6, al que ha tenido acceso Europa Press, que "ya no concurren con la misma intensidad los supuestos indicios de criminalidad y otros requisitos que justificaron en su día la prisión provisional incondicional".

Alega que no concurren ninguno de los requisitos que la Ley de Enjuiciamiento Criminal exige para mantener la prisión provisional, ya que no hay riesgo de reiterar delitos "que jamás se cometieron", ni de fuga al haberse "diluido" los indicios de criminalidad, a lo que se suma que tras nueve meses de investigación lo que se ha podido constatar es precisamente lo contrario de lo que pretendía Anticorrupción según esta parte, que no existen indicios de criminalidad de los delitos de cohecho y revelación de secretos.