El juez archiva la investigación contra varios clientes de Villarejo

El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea sigue delimitando las acusaciones contra el excomisario José Manuel Villarejo en la causa en la que investiga las cloacas policiales. En dos autos ha procedido a archivar dos de las piezas que componen la operación Tándem en lo relativo a los clientes que contrataron los servicios del policía ya jubilado.

Una es la llamada Iron, en la que se investigaba a cuatro directivos de un bufete de abogados que contrataron a Villarejo para investigar a los profesionales que les abandonaron para integrarse en otro, lo que les supuso la pérdida de clientes. El magistrado entiende que no hay "unos mínimos indicios racionales y objetivos" de su participación en los delitos de revelación y descubrimiento de secretos y cohecho que les atribuye la fiscalía Anticorrupción.

La otra, que se encontraba bajo secreto, es la llamada Land, en la que incluso se detuvo a Susana G.C., a su regreso de un viaje de Sudáfrica, por presuntamente haber contratado a Villarejo para resultar beneficiado respecto a su hermana Yolanda en su disputa por la herencia de su padre, Luis García Cereceda, creador de la exclusiva La Finca, donde residen muchos futbolistas.

Caso Iron 

En un auto, el juez decreta el sobreseimiento provisional de la causa respecto de cuatro socios mayoritarios del despacho Herrero y Asociados, así como de la directora del departamento de marcas externas del bufete, en graves problemas económicos ante la situación que se originó en mayo de 2012 con la marcha de profesionales y la coincidencia con la formación de otro despacho de abogados por estos. 

Ante ello acudieron a Villarejo y a su socio, el abogado Rafael Redondo, ambos en prisión por la operación Tándem, con el fin de que hicieran un informe de seguimiento del despacho  Balder IP ante la sospecha de que las personas que abandonaron Herrero y Asociados se hubieran apropiado de la información que constaba en la base de datos del despacho, especialmente la relativa a los clientes, que intentaban y lograron captar, iniciándose un grave conflicto interno entre los socios.

Según el juez, el encargo se hizo a Villarejo y a Redondo en su calidad de detectives privados y con la finalidad de realizar un estudio del seguimiento de las personas que se habían marchado del bufete a la competencia, encargo que se formalizó de forma verbal. Y ninguno les comunicaron cómo se llevaría cabo la ejecución del proyecto, cuáles iban a ser las técnicas de investigación sobre la mercantil ni el formato en el que el sería entregado el trabajo, denominado 'Proyecto Iron'. Lo que impide imputarles los delitos que les atribuía Anticorrupción.

Además, desconocían la condición de agentes de policía o funcionario público del investigado José Manuel Villarejo, así como el tipo de investigación que una de sus empresas, el Grupo Cenyt, iba a llevar a cabo, “desconociendo igualmente el formato de los informes y la utilización de las técnicas de investigación que iban a ser utilizadas sobre la mercantil Balder IP Law”. Dicha información, continúa el texto, tenía como objeto la comprobación de una posible competencia desleal, con la única finalidad de poder obtener datos para iniciar una denuncia judicial.

Los informes, según el auto, eran verbales y consistían en “meras especulaciones sin ningún tipo de elemento objetivo en donde fundar las mismas”. El despacho Herrero y Asociados denunció a la mercantil Balder IP Law, lo que dio lugar a un procedimiento judicial en los Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid.

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Otros archivos

Mientras el magistrado ha abierto recientemente la pieza Carol, en la que investiga la grabación de la reunión mantenida entre Villarejo y Corinna zu Sayn-Wittgenstein, quien fue pareja del Rey emérito, ha archivado la relativa al excomisario del aeropuerto de Madrid-Barajas Carlos Salamanca, en la que se le investigaba por presuntamente facilitar visados a ciudadanos guineanos para acceder a España.