La comisión bilateral: Siete años de sillas vacías

El Gobierno y la Generalitat retoman este miércoles un sendero olvidado. Representantes de los dos ejecutivos se reclinarán de nuevo en unas sillas que han permanecido vacías durante siete años. La última acta de la comisión bilateral la firmaron Manuel Chaves y Josep Antoni Duran Lleida el 19 de julio del 2011. Se conjuraron dispuestos a añadir nuevos supuestos en las autorizaciones iniciales de trabajo de personas extranjeras, a sellar el traspaso de bienes inmuebles a la Generalitat con fines de asistencia sanitaria y servicios sociales, a que las instituciones catalanas gestionaran también el aeropuerto de El Prat y a transferir el carpetazo de las becas. Quedó en papel mojado, igual que su acuerdo para reformar un reglamento que ahora tienen la oportunidad de poner en práctica.

La comisión bilateral entre administraciones se cimentó en el 2007, bajo las premisas del Estatut d'Autonomia de Catalunya. Su pretensión era clara: cimentar un espacio de interlocución fluida que blindase el autogobierno, que limase eventuales discrepancias y que resolviese a puerta cerrada los tira y afloja por las competencias. Los encuentros debían sucederse como mínimo dos veces al año, algo que se consiguió hasta el 2009. Con la llegada de Mariano Rajoy a la Moncloa esta vía de comunicación fue abandonada.

La radiografía de los pactos desde su creación muestra desde inversiones en materia de turismo, trabajo y seguridad social (muchas de ellas aún pendientes de ejecución) hasta la transferencia a la Generalitat de la responsabilidad del ferrocarril de cercanías de Barcelona, pasando por la cesión de la titularidad del observatorio meteorológico del Turó de l'Home y la ordenación y gestión del litoral catalán.

Según el artículo 183 del Estatut, las funciones de este órgano son "deliberar" y "hacer propuestas" y, "si procede, adoptar acuerdos". En ningún caso la bilateral asume capacidad normativa, y tampoco la transferencia de competencias no establecidas por ley, ya que esto requeriría el aval de los hemiciclos. Aun así, la creación de un espacio de intercambio de información no desestima acuerdos apalabrados que se conviertan en acción de gobierno, brecha que quiere aprovechar el Govern. Y es que la comisión bilateral ofrece una colaboración necesaria y pone sobre la mesa el conocimiento de las necesidades de cada interlocutor, por lo que también se incorpora en estatutos como el de Andalucía, Aragón, Casilla y León y Extremadura.

Recuperar leyes suspendidas

El objetivo del Gobierno es que el diálogo con la Generalitat satisfaga y deshiele su relación. Para lograrlo, pondrá sobre la mesa propuestas para revertir la acción de Gobierno de Rajoy, como la suspensión en el Tribunal Constitucional de leyes sociales aprobadas en el Parlament. Eso sí, con el afán de que el diálogo prospere y requiera la activación de las comisiones mixtas: la de asuntos económicos y fiscales, la de infraestructuras, y la de transferencias. No sin intentar convencer a la Generalitat de que debe fichar en los órganos multilaterales de cooperación y coordinación, como en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, al que no acude tampoco este martes, y dejar a un lado sus últimos habituales plantones.