El Gobierno asegura que va a "persistir" y a "continuar trabajando", pese al derribo de su senda de déficit

"Este Gobierno está trabajando por el bienestar de los españoles. Vamos a persistir; vamos a continuar", ha asegurado con rotundidad la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en la rueda de prensa celebrada en Moncloa al término del Consejo de Ministros.

El Ejecutivo ha querido adelantar precisamente esa comparecencia pública para anticiparse a una votación sobre su senda de ampliación del déficit que ya sabía que le iba a ser adversa. Ahora el gabinete de Pedro Sánchez asume que puede verse obligado a atenerse a la prórroga de la senda aprobada por el anterior Gobierno, pero cuenta con un mes para intentar cambiar el voto sobre su propia propuesta de senda de déficit antes de volver al Congreso a discutirla.

Prolongar el sufrimiento

La ministra Celaá ha emitido una solemne y severa condena del "dogmatismo e insensibilidad ideológica" (en alusión al PP y  Ciudadanos) y del "cálculo electoral" (del resto) de los partidos que en el Congreso de los Diputados se han desmarcado de la propuesta de gasto del Ejecutivo. La portavoz ha lamentado que, con el varapalo parlamentario, haya quien quiera mantener "la incomodidad, la necesidad, el sufrimiento de españoles que en comunidades autónomas necesitan una pequeña escuela, un dispensario de salud, una ayuda para la pobreza energética..."

El Gobierno, según su portavoz, no se siente en "situación de debilidad y mantiene su pulso" con el propósito de "agotar la legislatura". Y para acreditar su voluntad de seguir, como si el Ejecutivo no hubiera recibido este viernes un fuerte golpe, Moncloa ha desplegado anuncios de nuevas medidas en el ámbito sanitario, laboral, educativo y de empleo público sacando a sus respectivas ministras, Carmen Montón, Magdalena Valerio y Meritxell Batet, a explicarlas prolijamente.

Montón, la vuelta del acceso universal al Sistema Nacional de Salud. Valerio, un Plan Director de Trabajo Decente que reforzará la inspección contra la precariedad, el fraude y los falso autónomos, y una inyección extraordinaria (30 millones de euros) de fondos para atender la marea migratoria. Batet, la mayor oferta de empleo público realizada desde 2008 (30.844 plazas). Y la propia Celaá un Real Decreto para aflojar las restrictivas condiciones que imperan sobre el sistema de concesión de becas de estudio.

"Estamos desplegando toda una agenda de cambios y regeneración democrática y tenemos la obligación de mantener el rumbo: nadie piensa en elecciones anticipadas", ha aclarado Celaá antes de apelar a la sensatez de sus supuestos aliados parlamentarios: "Este Gobierno confía en poder contar con la corresponsabilidad de las otras fuerzas políticas. Hemos recibido un resultado que no nos ha gustado porque desconsidera que la ciudadanía necesita el Estado del bienestar".

Ante la posibilidad cierta de tener que prorrogar la senda de déficit del Gobierno de Mariano Rajoy, el de Pedro Sánchez podría tener que reorganizar sus cuentas y adaptarse a 1.200 millones menos disponibles para los presupuestos generales. Celaá ha explicado que en el Ejeutivo no se ha debatido aún un cambio en sus planes presupuestarios, pero, si es necesario, "tendremos que reordenar y seremos capaces de reordenar de acuerdo con nuestras prioridades", que liga a la agenda social de Sánchez.

No acabar en el Senado

"El Gobierno tiene esperanzas fundadas y factibles de poder continuar manteniendo el rumbo. Absolutas eperanzas fundadas", ha concluido la ministra. Pero antes ha reconocido la incomodidad del Ejecutivo con la reforma del trámite parlamentario de la Ley de Estabilidad que decidió en su día el Gobierno del PP, y que da la última palabra al Senado en la cuestión de la ampliación del déficit.

Ha explicado Celaá que "no parece adecuado que, si todas las normativas pasan por el Congreso, luego por el Senado y vuelven al Congreso, en este caso haya tal excepción". La ministra ha reconocido que el Gobierno "reflexiona sobre este campo de juego".

Catalunya

En la comparecencia ha habido lugar para comentar las palabras de la delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera, que ve deseable que los políticos presos salgan de la cárcel. La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha descartado que el tema de los presos vaya a tratarse en la reunión bilateral del Ejecutivo con el de la Generalitat de Catalunya: "El Gobierno de España respeta las resoluciones judiciales", ha recordado Batet. 

A la intención del 'president' Torra de llevar la autodeterminación a la reunión del próximo 1 de agosto, Batet le ha puesto un cerrojo diciendo que "la posición del Gobierno de España es bien conocida", y ha preferido celebrar que se recupere un diálogo Gobierno/Govern "que llevaba muerto siete años", y con el que se "reanuda la normalidad institucional".