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EL 'CASO MÁSTER'

La jueza estrecha el cerco sobre Pablo Casado

La magistrada retoma el caso tras un descanso y pide a la Guardia Civil un informe sobre su máster e imputa a tres de sus compañeras

Desde el entorno de Casado se reta a la URJC a aportar otros trabajos "de hace 10 años", como los requeridos por el juzgado

Ángeles Vázquez

Pablo Casado en el congreso de este fin de semana. 

Pablo Casado en el congreso de este fin de semana.  / Francisco Seco

La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha reimpulsado el 'caso máster', centrándose en el flamante presidente del PPPablo Casado. Según fuentes jurídicas, es la que mejor conoce la causa y está determinada a llegar hasta el final. Una vez zanjada la parte relativa a la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes, con su declaración este lunes, la magistrada ha procedido a imputar a tres compañeras de estudios de Casado y ha reclamado un informe a la Guardia Civil sobre los cargos públicos o "la especial vinculación con partidos políticos" que los cuatro tenían en el curso 2008-2009 cuando convalidaron créditos para obtener el máster.

La magistrada ya tiene constancia oficial de que Casado es diputado y, por tanto, aforado, por lo que su imputación no puede venir de su mano, sino que, si lo considera necesario, elevará una exposición razonada al Tribunal Supremo para que proceda contra él. Es lo mismo que ocurrió con Cifuentes, imputada solo un día después de que renunciara al acta de diputada tras el escándalo que supuso el máster y el vídeo en el que se la veía hurtando cremas en un hipermercado.

La jueza quiere tener todos los datos antes de dar un paso tan trascendental que puede implicar el fin de la carrera del nuevo líder del PP. Por eso, tras unos días de descanso, justo cuando tenía la oportunidad de preguntar directamente a Cifuentes si conocía a alguien de su partido que también hubiera hecho el máster y, ante su negativa, la inquería directamente por Casado, ha ordenado una batería de diligencias dirigidas a esclarecer si el expresidente de Nuevas Generaciones merecía el título que obtuvo.

Agosto, clave

En una providencia pide a la Guardia Civil un informe para el 6 de agosto sobre las personas que convalidaron créditos del curso en el que Casado hizo el máster. Quiere saber a qué se dedicaban y la "especial vinculación con partidos políticos" de él mismo, Susana de ValentínMaría Dolores Cancio, Alida Consuelo Mas Taberner y María Mateo Feito. Las tres últimas ya han sido imputadas y comparecerán ante la magistrada el día 2.

Si fueron evaluadas con trabajos y disponen de algún documento (correo postal o electrónico o cualquier otro) que lo evidencie, deberán entregarlo. La petición al instituto armado se basa en que Feito fue asesora de la Secretaría de Estado de Empleo y es hija de la que fue asesora de Cifuentes, que, según algunas profesoras, las presionó diciéndoles que la entonces presidenta madrileña las mataría si no se acreditaba el máster. Mas Taberner fue subsecretaria de la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana y Cancio es profesora de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). De Valentín y otras cuatro personas (Manuel José Díaz García, Miguel Ángel García Delgado, Pablo López Agudo y Virginia Martín Vega) comparecerán como testigos. 

El 2 de agosto ya estaban citados como imputados el director del máster, el catedrático Enrique Álvarez Conde, que se negó a declarar ante la jueza en relación con el máster de Cifuentes, y la profesora Alicia López de los Mozos. A los dos les pide que antes de ese día aporten los trabajos que realizó el presidente del PP para ser evaluado en los 20 créditos no convalidados. A la URJC no le constan en sus archivos.

"Estirar" el escándalo

La magistrada quiere compararlos con las explicaciones ofrecidas por el propio Casado el pasado 10 de abril, motivo por el que le pide a RTVE que le entregue la grabación de la comparecencia. Teodoro García, jefe de campaña de Casado, ha lamentado en Esradio que haya quien quiera "estirar" el escándalo del máster y reta a la universidad a mostrar trabajos de otros estudiantes "de hace 10 años", informa Pilar Santos. El vicesecretario del PP y diputado Javier Maroto, por su parte, ha añadido que la universidad no tiene por qué guardar los trabajos más de cinco años porque así lo marcan sus estatutos.

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