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EJES DE LA LEGISLATURA

Pedro Sánchez plantea que los catalanes voten un nuevo Estatut

Prohibirá la amnistía fiscal, confirma el impuesto a la banca y la exhumación de Franco "en breve"

Podemos y los independentistas exigen más izquierda, mientras PP y Cs agitan el fantasma de ETA

Iolanda Mármol / Gemma Robles

Pedro Sanchez: España debe tener las calles libres de manadas / Fotografía: DAVID CASTRO

Pedro Sánchez subió a la tribuna del Congreso este martes con una sugerencia para resolver la crisis catalana que, sorpresivamente, pasó desapercibida entre los grupos. El presidente del Gobierno planteó la posibilidad de reformar el Estatut vigente, recortado por el Tribunal Constitucional (TC), y someterlo a votación, una propuesta con el ánimo de cerrar las heridas abiertas en Catalunya tras años de pulso con el Ejectuvivo del PP. Sánchez ve esta vía como una alternativa a tener en cuenta, aunque no ahondó en detalles ni ningún portavoz le reclamó que concretase el ofrecimiento. Fuentes del entorno presidencial en la Moncloa y de las filas socialistas confirman que la propuesta de votar un nuevo texto abre un debate exploratorio, si  bien no está decidido que esta vaya a ser la apuesta definitiva.

 "Catalunya tiene un Estatut que no votó y la crisis en Catalunya solo se va a resolver votando. Lo que nosotros queremos votar es un acuerdo, pero ustedes pretenden votar una ruptura", respondió al portavoz de ERCJoan Tardà. "Si no hay trampas, avanzaremos", le contestó el republicano, aunque ni ERC ni el PDECat se percataron de que Sánchez les estaba planteando una novedad. Tampoco PP Ciudadanos parecieron darse cuenta, puesto que no hicieron referencia a esa posibilidad.

El líder de los liberales, Albert Rivera, calificó de "indecente" la posición que viene manteniendo Sánchez sobre Catalunya, a su juicio equidistante, "entre golpistas y demócratas". El presidente le respondió en un tono condescendiente, en el mismo turno de réplica que al PP, englobando así ambos partidos en la categoría del conservadurismo.

El fantasma de ETA

Los populares salieron duros, acusaron a Sánchez de venderse a los independentistas y agitaron el fantasma de ETA con la decisión del presidente -que confirmó- de estudiar el acercamiento de presos al País Vasco.

Podemos, siempre en la pulsión de desenmascarar a un Gobierno del que recela, pidió más: derogar la reforma laboral aunque Sánchez solo tumbará "las partes más lesivas", crear una comisión de investigación sobre el 'affaire Corinna' y desvelar quiénes son los amnistiados. A esta última reclamación se suma Cs. "No tengo ni idea de quienes son", adujo Sánchez, tras insistir en que no prevaricará revelando sus identidades.

Sánchez compareció determinado a estirar la luna de miel con sus aliados para allanar victorias parlamentarias a un Gobierno que se autoidentifica como progresista y que trata de convertirse en el icono del cambio políticosocial que vive el país. Expuso su plan de acción con guante de seda para no pisar los callos de quienes le auparon, consciente de que sus apoyos son evanescentes y de que deberá pactar a izquierda y derecha para que sus iniciativas cristalicen en leyes en una legislatura nacida ya en cuenta atrás.

Sorprendió al meter a PP y Ciudadanos en el mismo saco del conservadurismo respondiéndoles a la vez, y exhibió cintura para lidiar con el tono áspero de Podemos y los anhelos independentistas. Todos sus aliados condicionaron los apoyos con dialécticas más o menos enardecidas, pero consiguió salir del trance con cierto oxígeno.

Fiscalidad y símbolos

Sánchez pidió apoyo para aprobar su plan de reforma del modelo fiscal. Anteproyecto de ley contra el fraude fiscal; actualización de la lista de paraísos fiscalesimpuesto a la banca para sostener el sistema de pensiones ("rescate por rescate", resumió); prohibición de nuevas amnistías fiscales (alega no poder desvelar retroactivamente los beneficiados por la del PP); margen de dos décimas más de déficit para que las comunidades autónomas dispongan de 2.500 millones extra, y nuevos impuestos a empresas. Se trata de un paquete de medidas que orbita en la idea de que una sociedad más justa necesita de una fiscalidad también más justa.

El presidente comprometió también la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para liquidar el plazo máximo de seis meses que el PP impuso a la fase de instrucción. Y su medida más simbólica: la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos. "Su materialización, a falta de dar últimos retoques, será en breve", confirmó, sin arriesgar una fecha.

Pidió apoyos para un nuevo pacto de Toledo y buscó también hacer un guiño al electorado juvenil, cuando prometió un plan de empleo para jóvenes y otro contra el trabajo precario, y eliminar el voto rogado.