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INVESTIGACIÓN EN BARCELONA

El juez imputa a la interventora de la Generalitat por el 1-O

La Guardia Civil considera que omitió datos sobre los gastos del referéndum unilateral

También ha sido citados como investigados otros altos cargos del Ejecutivo catalán

J. G. Albalat

Una activista sostiene una urna en una manifestación a favor del referéndum de independencia de Catalunya.

Una activista sostiene una urna en una manifestación a favor del referéndum de independencia de Catalunya. / FERRAN NADEU

El juez de Barcelona que investiga los preparativos del referéndum unilateral del 1-O ha imputado a la interventora de la Generalitat, Rosa Vidal Planella, que ha sido citada a declarar para el próximo 24 de julio junto a otros altos cargos de la Administración autonómica, como la que era secretaria general del departamento de Governació, Meritxell Masó.

En un informe remitido al magistrado, la Guardia Civil sostiene que esta persona omitió información cuando se le solicitaron datos sobre determinadas facturas. Entre los casos que incluye figura la campaña publicitaria Civisme (carteles en los que aparecen  unas vías de tren y el lema 1-Oct Referéndum), que negó que estuviera relacionada a la consulta soberanista. Los agentes reprochan que la interventora no activara ningún procedimiento para denunciar que esta labor podría constituir una presunta malversación que asciende a 2,2 millones de euros.

El instituto armado detalla que Vidal emitió un informe a petición suya sobre “servicios postales y de mensajería” sobre unas facturas intervenidas a Unipost y emitidas por este proveedor de la Generalitat por un importe total de 979.661 euros por los servicios de la denominada “resumen campaña Generalitat”. La Guardia Civil sostiene que este gasto está vinculado al reparto de cartas relacionadas con el 1-O. La interventora concretó que esas cinco facturas no se habían registrado en el registro contable de la Administración autonómica y que tampoco se habían abonado los informes.

Los agentes sostienen que, a pesar de los intentos de cobro de 238.965 euros de una de esas facturas, “no se ha activado” procedimiento alguno para denunciarlo, lo que podría suponer, al menos, una “tentativa de estafa”. La interventora tampoco denunció la campaña Civisme, agregan. Los agentes subrayan que la interventora era la encargada de “velar” que no se gastase dinero público en la consulta.  

Acto de unidad

El informe de los investigadores incluye, además, un correo electrónico que prueba la asistencia de Vidal a un “acto de unidad y compromiso con el referéndum”, del pasado 21 de abril, al que también estaban convocados otros altos cargos de la Generalitat.

El juez relata en un auto judicial que es la interventora de la Generalitat la que, respondiendo a un requerimiento suyo, afirmó que no constaba en ningún departamento gasto alguno para la preparación o ejecución en relación al referéndum, “pretendiendo que esta instrucción concluya que todo el material necesario para la consulta” y otros gastos “pudieran haberse imputado a ignorados modos de pago, donaciones o contribuciones”, ya sea de particulares,  empresas o instituciones. En este supuesto, a su entender, se debería haber facilitado un “listado comprensivo” de los donantes y contribuyentes. Al no haberse entregado “ninguna información justificativa”, el magistrado ha acordado acudir al Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPLAC).

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