El Gobierno descarta pedir a la fiscalía que rebaje las acusaciones por el 'procés'

El Gobierno de Pedro Sánchez ha dejado claro este lunes que, pese a la distensión en las relaciones con la Generalitat, no tiene intención de interceder ante la fiscalía para propiciar una rebaja de la acusación en la causa judicial abierta contra los líderes del 'procés', posibilidad que dejaría muy entredicho la autonomía fiscal.

En rueda de prensa, el secretario de organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha avalado que el Tribunal Supremo pueda juzgar por delitos diferentes al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y al resto de procesados por el juez Pablo Llarena por rebelión y malversación.

Ábalos ha respondido así al vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, que tras entrevistarse con la número dos del Ejecutivo central, Carmen Calvo, instó al Gobierno a usar los instrumentos que tiene "a su alcance" para liberar a los presos. "No, no haremos nada", ha afirmado, y ha añadido que si actuaran en esta dirección supondría "el reconocimiento de un escándalo ante la independencia del fiscal".

Según el número dos del PSOE, "al Gobierno no se le puede apelar para que intervenga respecto a la fiscalía ni en este sentido ni en otro". Ábalos tampoco comparte los argumentos del independentismo que apuntan que no tendría sentido juzgar a Puigdemont por malversación y al resto de procesados por rebelión, con penas más altas: "No creo que quede tan claro que fuera Puigdemont quien liderara la rebelión porque hubo muchas responsabilidades que no estaban en el Govern".

Normalización y tensión

Este lunes, las defensas de Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull, Oriol Junqueras y Raül Romeva han vuelto a pedir su excarcelación. Entre los argumentos de los tres primeros para convencer al Tribunal Supremo figura la reunión mantenida en la Moncloa entre los presidentes Sánchez y Quim Torra que ponen de ejemplo de la "normalización política que se está viviendo en Catalunya".

Creen que ello neutraliza el riesgo de reiteración delictiva, aunque contraste con la "tensión social" que, según el escrito, genera que sigan presos. Para anular el de fuga se ofrecen a poner a disposición del alto tribunal "la totalidad de su patrimonio personal". Su abogado, Jordi Pina, también esgrime las reuniones mantenidas entre ministros y 'consellers', y afirma que ni el Parlament ni el Govern han desobedecido decisiones tomadas por el Supremo y el Constitucional esta legislatura, informa Ángeles Vázquez.

Una afirmación que cuando menos no está exenta de peligro, porque la Cámara catalana aún no ha aplicado la suspensión de funciones de los diputados dictada por Llarena. La Mesa del Parlament prevé tomar este martes una decisión al respecto, pero su presidente, Roger Torrent, ya ha descartado "gestos simbólicos".

Por su parte, Junqueras y Romeva basan su libertad en que ya no forman parte del Govern, que "está actualmente desarrollando su actividad con normalidad", y no pueden incidir "lo más mínimo en actuaciones que pudieran remotamente asimilarse a los ilícitos" por los que se les procesó.