El juez deja en libertad al comisario que pasaba datos a Villarejo

El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea se ha limitado a imponer comparecencias quincenales al último arrestado en la causa en la que se investigan las cloacas policiales. Se trata del comisario Enrique García Castaño, para quien Anticorrupción había pedido prisión incondicional. Su arresto se produjo por orden de la Fiscalía, bajo la acusación de proporcionar, a cambio de dinero, documentación y datos secretos, obtenidos a través de medios policiales, sobre las personas que estaban siendo investigadas por el comisario ya jubilado José Manuel Villarejo, en prisión por el 'caso Tándem' desde noviembre de 2017.

El magistrado, que también le ha retirado el pasaporte y le ha prohibido salir del país, ha acordado las mismas medidas para el inspector jefe ya jubilado Antonio Bonilla, mientras que la compañera e hija de García Castaño, cuyos vehículos de marca BMW fueron pagados por sociedades de Villarejo, han quedado en libertad sin medidas. 

García Castaño, imputado por cohecho impropio y revelación de secretos en una nueva pieza del 'caso Tándem', ha sido representado por el despacho de abogados Ilocad, del exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que en un comunicado considera su arresto una medida "desproporcionada e innecesaria".

"No existe ningún indicio contra él diferente a los que hubiera hace un mes y medio, fecha en la que el comisario García Castaño se presentó voluntariamente ante su señoría y se le dijo que no había nada contra él", sostiene Ilocad. El despacho asegura que ese mismo día, y a propuesta del propio juez De Egea, el comisario "se presentó en la Fiscalía Anticorrupción, poniéndose a su disposición, sin que se le vinculara al procedimiento".