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Comisión Estado-Generalitat

Batet, Cunillera y secretarios de Estado: el equipo del Gobierno para dialogar con Catalunya

La Moncloa nombra a cargos de alto rango para la Comisión Estado-Generalitat, que se reunirá en julio

El Ejecutivo defiende la "eficacia" de la euroorden tras el varapalo de Alemania con Puigdemont

Juan Ruiz Sierra

Torra y Sánchez, en la Moncloa, este lunes.

Torra y Sánchez, en la Moncloa, este lunes. / DAVID CASTRO

El Consejo de Ministros nombró este viernes a sus miembros en la Comisión Estado-Generalitat, un organismo que se reunirá en la última semana de julio, si no hay cambios, después de no hacerlo desde el 2011. Según avanzaron a EL PERIÓDICO fuentes del Ejecutivo, los representantes del Gobierno serán la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet (que presidirá la delegación, teniendo como contraparte a Ernest Maragall, 'conseller' de Exteriors); la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera, y cuatro secretarios de Estado. La portavoz del Ejecutivo y ministra de Educación, Isabel Celaá, confirmó después estos nombramientos, durante una comparecencia en la que evitó criticar a los tribunales alemanes, que el día anterior no aceptaron la extradición de Carles Puigdemont por el delito de rebelión, y defendió la "eficacia" de la euroorden, puesta en cuestión por el PP. 

En la Moncloa subrayan el "alto rango" de las personas elegidas. El Ejecutivo otorga una enorme importancia política a la Comisión Estado-Generalitat. Tras las reuniones que mantuvieron esta semana Pedro Sánchez y Quim Torra primero, y Carmen Calvo y Pere Aragonès después, ambas protagonizadas por el buen tono y la coincidencia en la necesidad de "normalizar" las relaciones, el organismo estará encargado de abordar a fondo los conflictos entre el Estado y la Generalitat, dejando de lado un derecho de autodeterminación sobre el que, en principio, no hay acuerdo posible. Bajo su paraguas trabajarán también las otras tres comisiones bilaterales, encargadas de los asuntos económicos, las transferencias y las infraestructuras.

 La agenda

Primero, la Comisión Estado-Generalitat estudiará las impugnaciones que el anterior Gobierno, del PP, presentó ante el Tribunal Constitucional contra leyes del Parlament, que quedaron suspendidas al ser admitidos a trámite los recursos. Se trata de normas sociales como las de pobreza energética, cambio climático, universalidad de la sanidad pública y protección del derecho a la vivienda. Después analizará las inversiones, las transferencias y la posibilidad de anular el control reforzado del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que condiciona el dinero de este mecanismo al cumplimiento de la ley.

Junto a Batet y Cunillera, el resto de integrantes de la Comisión Bilateral serán los secretarios de Estado de Política Territorial, José Ignacio Sánchez Amor; Hacienda, Inés María Bardón; Relaciones con las Cortes, José Antonio Montilla, e Infraestructuras, Pedro Saura.

La batalla judicial

Los nombramientos se producen justo después de que el independentismo haya cosechado una importante victoria, al rechazar la Audiencia de Schleswig-Holstein la entrega de Puigdemont por el delito de rebelión. El fallo de los magistrados alemanes, que no aprecian violencia en los acontecimientos que sacudieron Catalunya el pasado otoño,  provoca que el 'expresident' solo pueda ser juzgado en España por malversación, a diferencia del resto de dirigentes secesionistas, acusados también de rebelión.

Pero el Gobierno no quiere entrar en este terreno. El pasado jueves, desde Bruselas, Sánchez se limitó a señalar que los dirigentes independentistas serán juzgados en España, algo que está por ver. El Tribunal Supremo contempla incluso renunciar a la entrega de Puigdemont. Esta vez Celaá no se salió del mantra del "respeto" a las decisiones judiciales. Lo que sí hizo la portavoz del Ejecutivo, frente a las críticas del PP, fue defender la euroorden, el sistema que regula la detención y entrega de personas entre países comunitarios, y el Tratado de Schengen, que establece la libre circulación dentro de la UE. "Poner en cuestión" el tratado "supone alinearse con posiciones europeas que no compartimos", dijo Celaá, ligando al PP con partidos de tintes populistas y xenófobos.  

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