El Supremo se debate entre el rechazo y la resignación ante la entrega de Puigdemont

El Tribunal Supremo aún no tiene comunicación oficial de la decisión alemana que circunscribe la entrega del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont a un delito de malversación. Pero a nadie se le escapa que el varapalo ha sido tremendo para el alto tribunal, que se enfrenta ahora a la disyuntiva de decidir qué hace con el más destacado de los 25 procesados por rebelión, malversación o desobediencia que hay en el procedimiento. Una decisión que el instructor de la causa, Pablo Llarena, que retuvo a los huidos en una pieza separada del procedimiento principal, no tomará previsiblemente hasta el lunes para poder estudiar con detenimiento tanto la resolución alemana como el ordenamiento jurídico de ese país.

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La decisión alemana sobre Puigdemont supone que mientras el resto de acusados se enfrentarán a penas que pueden llegar a los 30 años de cárcel por un delito de rebelión, quien fue su superior jerárquico solo tendrá que oponerse a un máximo de ocho años por malversación. El Código Penal prevé, además, que "si el valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados excediere de 250.000 euros, se impondrá la pena en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado". Aunque ello pueda elevar la pena hasta los 12 años, seguiría siendo una opción que supondría un agravio para los que optaron por no huir y responder de su decisión de declarar unilateralmente la independencia de Catalunya ante la justicia española.

De ahí que el juez Pablo Llarena, una vez recibido y estudiado el auto alemán, así como el ordenamiento de ese país, tenga que enfrentarse a una difícil decisión: la respuesta que da Alemania sobre si acepta o rechaza la entrega del reclamado.

Segundo juicio

La decisión marco que estableció las euroórdenes previó que se pudieran acotar los delitos por los que se entrega a una persona, lo que determinaría el primer enjuiciamiento, que deberá constreñirse a aquellos por los que se autorizó. No obstante, incluía una salvedad importante. Tras el juicio por ese delito y el cumplimiento de la pena que le pudiera ser impuesta, si la persona que fue entregada permanece 41 días en España podrá ser juzgada por los delitos por los que en su día no se acordó la entrega.

Es decir, que en el caso de que Llarena aceptara la entrega de Puigdemont solo por malversación podría ser juzgado por este delito con el resto de procesados y tras cumplir la condena que, en su caso, se le pudiera imponer, podría tener que enfrentarse a un nuevo juicio, este ya sí por rebelión, si permanece en España más de 40 días.

Esta opción plantea otros problemas, porque significaría que una vez en España habría que levantarle la suspensión de funciones del 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, prevista solo para los procesados en firme por rebeldía, así como acreditar que ha malversado, esto es, que ha destinado dinero público a un fin ilícito, cuando esa ilicitud ha sido cuestionada por Alemania al no conceder la entrega por rebelión. Eso por no hablar de que él solo sería juzgado por un delito patrimonial mientras sus compañeros lo serían por uno contra el orden constitucional. 

Acudir a Europa

Ante el primer revés alemán, cuando el Tribunal de Schleswig-Holstein plasmó en un auto inicial que no veía suficiente violencia para entender que la rebelión imputada fuera equiparable a su delito de alta traición, el Supremo anunció que estudiaba dirigirse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para plantear una cuestión prejudicial en relación con las euroórdenes, al entender que se crearon sobre la base de la confianza mutua entre Estados. Para el alto tribunal, ello implica que el país requerido no debería entrar a valorar los hechos atribuidos por el que reclama a una persona.

Acudir al TJUE supondría dejar en suspenso la entrega de Puigdemont hasta que se pronunciara el tribunal de Luxemburgo, lo que en la práctica implicaría aplazar la respuesta a Alemania sobre si se acepta o no la entrega. 

En el caso de que Llarena optara por no aceptar la entrega en las condiciones impuestas por Alemania, Puigdemont quedaría en un limbo jurídico que le impediría regresar a España, si quiere evitar ser juzgado por los delitos por los que ha sido procesado, o abandonar Alemania sin riesgo a ser detenido y tener que enfrentarse a una nueva euroorden.

Entrega no inminente

Pese a haberse conocido este jueves la resolución alemana sobre la petición de entrega del expresidente eso no quiere decir que su puesta a disposición de España sea inminente. Aunque la fiscalía alemana no puede acudir al Tribunal Constitucional, porque es difícilmente explicable que una acusación pueda alegar vulneración de derechos fundamentales, Puigdemont aún lo puede hacer para tratar de librarse también de la malversación, como ya ha anunciado su abogado, Jaume Alonso-Cuevillas. 

Actualmente Puigdemont, al igual que el resto de huidos, se encuentran apartados del procedimiento principal para evitar que las decisiones de los tribunales europeos retrasen el juicio para los 18 procesados que sí están a disposición de la justicia española.