La justicia de Alemania decide extraditar a Puigdemont solo por malversación

Noticia agridulce para Carles Puigdemont. Este jueves la Audiencia territorial de Schleswig-Holstein ha dado vía libre para la extradición del 'expresident' a España por un presunto delito de malversación, pero ha descartado a la vez la causa por rebelión solicitada en su euroorden por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena. "Hemos derrotado a la principal mentira sostenida por el Estado", ha celebrado el líder independentista [Sigue las últimas noticias sobre Puigdemont en directo], mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se limitaba a destacar que el 'expresident' será juzgado en España. En cambio, el PP disparaba hacia el propio Sánchez exigiéndole que suspenda la aplicación del acuerdo de SchenguenSchenguen en España para desactivar la decisión judicial alemana.

Con todo, la extradición no es inmediata. Solo se hará efectiva si lo aprueba antes la fiscalía general alemana, que debe tomar una decisión "en breve". Será siempre después del recurso que el abogado de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, ha anunciado que presentará. En el documento judicial sobre el caso no se especifican las fechas ni el período concreto en el que se puede llevar a cabo la operación. Ahora la defensa del 'expresident' y referente de Junts per Catalunya (JxCat) puede presentar un recurso de apelación al Tribunal Constitucional germánico para evitar su extradición a España.

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El auto de la Audiencia territorial de Schleswig-Holstein no solo supone un revés a las tesis del juez Llarena sino que también contradice a la propia fiscalía alemana, que pedía la prisión preventiva para Puigdemont. Así, la decisión de la justicia le permitirá al expresidente catalán seguir en libertad ya que, apunta, "siempre" ha cumplido con sus obligaciones en el régimen de libertad bajo fianza.

Sin violencia

La judicatura española, encabezada por Llarena, había solicitado detener y entregar a Puigdemont por rebelión, un delito por el cual podría acabar cumpliendo hasta 25 años de prisión. Contradiciendo las indicaciones de la fiscalía alemana en más de una ocasión, la nueva decisión del tribunal regional descarta esa petición como "no admisible" ya que entiende que no hubo la violencia "suficiente" en la celebración del referéndum unilateral sobre la independencia de Catalunya del pasado 1 de octubre para que se contemple esa tipificación delictiva. La corte también desestima la petición española del delito de perturbación del orden público. Estas argumentanciones han dado alas al independentismo catalán, que concluye que son falsas las bases de la acusación contra Puigdemont y el resto de encarcelados y 'exiliados' responsables de los hechos de octubre pasado.

La audiencia territorial sí contempla el posible delito de malversación como "admisible" en relación al referéndum, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional español. Aunque Llarena apunta a que se gastaron 1,6 millones de euros en la consulta, el anterior ministro de Hacienda, el popular Cristóbal Montoro, descartó el pasado abril que se sufragase con dinero público. "Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos, ni la manutención de Puigdemont, pero sé que no con dinero público", reiteró.

Sin embargo, la audiencia desdeña los argumentos de la defensa, que pedía no extraditar a España a Puigdemont porque era un perseguido político y no iba a poder tener allí un juicio justo, y asegura tener una "confianza ilimitada" en una actuación de la justicia española acorde con la "comunidad de valores" de la Unión Europea (UE).

Así, el rechazo del delito de sedición violenta solicitada por la judicatura española podría permitir a Puigdemont esquivar la prisión preventiva una vez trasladado a España, una medida que ya ha golpeado a otros miembros del Govern y del movimiento cívico independentista, trasladados recientemente a prisiones catalanas.

Alegría en el Govern

Aunque la sentencia abre la puerta a la extradición de Puigdemont para ser procesado en España, el independentismo no solo ha celebrado la noticia, sino que ha exigido la libertad de todos los encarcelados al entender que se desmonta la principal tesis de Llarena. "Cae un relato ficticio del Estado español", ha afirmado el presidente de la Generalitat, Quim Torra, tras visitar a los presos independentistas en la prisión de Lledoners.

El abogado del 'expresident', Jaume Alonso-Cuevillas también ha celebrado la decisión alemana: "La batalla principal está ganada". El abogado Gonzalo Boye, también parte de la defensa, ha avisado que "la resolución es un primer paso cara a impedir la entrega de Puigdemont", lo que apunta a la presentación de un recurso ante el TC alemán.

Reacción del Gobierno

El tono de la respuesta del Ejecutivo del PSOE a la decisión judicial alemana era especialmente significativo. El presidente del Gobierno ha evitado entrar a valorar lo decidido y se ha limitado a apuntar que en cualquier caso Puigdemont será juzgado en España.

Mientras, el PP exhibía su malestar. En un comunicado, el eurodiputado Esteban González Pons lanzaba al Gobierno una exigencia, a la que se sumó después el aspirante a presidir el PP Pablo Casado: que suspenda la aplicación del acuerdo de Schengen en España "hasta que se aclare si la euroorden sirve para algo". España ha de hacer, argumenta, "aquello que haría Alemania en el caso de que alguien hubiera intentado atentar contra su Constitución", se hubiera refugiado en España "y no se lo hubiera querido devolver".