INICIATIVA EN EL PARLAMENT

La CUP diluye la moción que desafiaba al TC para atraer a JxCat y ERC

El nuevo texto apela a las vías no violentas y democráticas que incluían las enmiendas de posconvergentes y republicanos

El diputado de la CUP Carles Riera.

El diputado de la CUP Carles Riera.

Fidel Masreal / Júlia Regué

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La CUP ha llegado finalmente a un acuerdo parlamentario con los grupos de Junts per Catalunya y Esquerra respecto a la propuesta anticapitalista sobre la ratificación de los objetivos independentistas en el Parlament y la reactivación de las leyes suspendidas o anuladas por el Tribunal Constitucional (TC). El acuerdo supone rebajar en cierta medida el texto inicial de los 'cupaires', que no querían modificar pero que ahora queda suavizado con una referencia a las vías para acceder a la independencia.

"El Parlament ha expresado en múltiples ocasiones su defensa del derecho a decidir y la autodeterminación y, en consecuencia, como depositario de la soberanía del pueblo de Catalunya y con fidelidad a su voluntad, reitera su compromiso de alcanzar los objetivos políticos anteriormente expresados por vías democráticas y no violentas", indican las enmiendas de JxCat ERC que la CUP ha introducido en el texto.

Desafío ratificado

La propuesta de la CUP se basa en ratificar la polémica resolución aprobada en noviembre del 2015 sobre el inicio del proceso hacia la independencia y la firme determinación de no acatar, a partir de entonces, la autoridad del Constitucional. Una resolución tumbada por el propio TC. También se reitera la "firme voluntad de llevar a cabo las actuaciones necesarias previstas y aprobadas" por el Parlament, "para alcanzar y culminar democráticamente la independencia de Catalunya".

La moción, que prosperará en el pleno de este jueves, insta al Govern a sacar adelante una serie de 14 leyes cercenadas parcialmente por el TC. Se trata de normas de perfil social como la de las medidas para luchar contra la pobreza energética o de protección del derecho a la vivienda, pero también de carácter sectorial o de aplicación de una tasa sobre los activos no productivos de las personas jurídicas. En un período de 90 días, el Govern ha de presentar el "plan de ejecución" de las medidas a aplicar con los artículos suspendidos por el TC respecto a las 14 normativas autonómicas cercenadas.

La resolución del 9-N del 2015

El texto inicial de la CUP era exigente respecto al Govern, al que daba solo 90 días para presentar proyectos de ley de ratificación de la resolución del 9 de noviembre del 2015, en los artículos anulados por el Constitucional. En el pacto final con Junts per Catalunya y los republicanos, este plazo de ejecución de las medidas por parte del Govern se eleva a seis meses.