EN EL PARLAMENT
La CUP se niega a desdecirse de la declaración del 9-N
Los anticapitalistas instan a JxCat y ERC a explicar su marcha atrás respecto a lo que defendieron en el 2015
Júlia Regué
Responsable de la sección de Política.
Graduada en Periodismo y en Ciencias Políticas por la Universitat Pompeu Fabra (UPF), ha desarrollado su carrera profesional en la sección de Política, donde se incorporó en noviembre de 2016. Ha seguido la actualidad política del Parlament de Catalunya y el día a día de varios partidos. También ha colaborado en programas de TV-3, Catalunya Ràdio y RAC1.
Júlia Regué
La CUP no está dispuesta a desdecirse de la declaración aprobada en el Parlament el 9 de noviembre del 2015 en la que se primaba la soberanía del Parlament por encima de las resoluciones del Tribunal Constitucional (TC). Junts per Catalunya y ERC han enmendado el escrito para recortar esta mención, apuntar un alegato al diálogo y redirigir el foco de atención hacia la recuperación de la leyes suspendidas y anuladas por el mismo tribunal.
El diputado anticapitalista Vidal Aragonès ha zanjado este martes que no transaccionarán sus "objetivos políticos" y ha instado al resto de fuerzas independentistas a explicar su marcha atrás. En ese momento bajo la siglas de Junts pel Sí, los dos grupos apoyaron el texto votado el 7 de abril del mismo año. "Si entonces servían, tendrán que explicar por qué ahora ya no", ha espetado, y ha aprovechado su reculada para sentenciar que la renuncia "no forma parte del ADN político" de la CUP.
Los anticapitalistas también han criticado las bienvenidas al diálogo con el Estado para lograr la independencia: "Si alguien piensa que a través del dialogo tenemos capacidad de lograr una república, nos parece que supone generar ilusiones sobre un escenario que no nos llevará a avanzar nacionalmente", ha apostillado Aragonès, que cree que esta maniobra es "contraproducente", "equivocada" y que genera "debilidad política".
La única puerta abierta al consenso es pactar los tiempos con los que pueden retomar las leyes de carácter social suspendidas. Para la CUP no supone un problema prolongar los 90 días que establecían al Govern para marcar un plan de actuación que active sus demandas.
En el mismo atril, la republicana Anna Caula ha defendido que el contexto actual dista mucho del que caracterizó el 2016 y que el momento es distinto porque "hay gente encarcelada". "Pese a compartir los objetivos, el planteamiento es otro", ha resuelto, aunque ha sentenciado que "el autonomismo ya se ha acabado".
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