CAUSA POR REBELIÓN
Un informe tasa en 900.000 euros al día el uso de los colegios del 1-O
Resultados del referéndum de Catalunya: Votantes en el Ateneu de Igualada. / periodico
Por qué confiar en El Periódico El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ya tiene en su poder el informe que instó la fiscalía para incluir en el cálculo necesario para configurar el delito de malversación el coste que supondría el arrendamiento de los colegios y otros locales públicos utilizados para realizar la votación ilegal del 1-O. La Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobilioria de Patrimonio (Segipsa) ha informado ahora el alto tribunal que "la hipótesis de su puesta en alquiler en el mercado, es decir, de la renta potencial que cabe asignarles de acuerdo o sus condiciones físicas y de localización" asciende a 900.906 euros por día.
La entidad, que se ha requerido la colaboración de Ibertasa Sociedad de Tasación, por su experiencia en el sector de la tasación y valoración inmobiliaria en España, ha analizado el valor de uso que tendrían si fueran arrendados de un total de 2.259 inmuebles. Para ello ha acudido al catastro y otros datos para calcular cuál sería precio. Muchos de los colegios se ocuparon durante todo el fin de semana, por lo que la cifra finalmente obtenida en el informe pericial podría ser aún mayor.
A sumar a los 3,2 millones
El último informe presentado en el procedimiento por la Guardia Civil elevaba a 3.269.236 euros el dinero que la Generalitat destinó al 1-O. El documento, que detallaba que la Generalitat abonó 1.588.188 euros y tiene pendientes de pago otros 1.664.848, "cuantifica las cantidades destinadas a la celebración del 1-O, individualizando los importes de los departamentos concretos que han comprometido gasto, reconocido deuda o incluso, sufragado pagos". Todo ello, precisaba, "sin olvidar, que el plan no es individual, sino que ha respondido a una estrategia conjunta perfectamente diseñada y consensuada" por todo el Govern.
El desglose de los abonos y compromisos de pago adquiridos por la Generalitat se incrementaba sobre todo, porque los agentes por primera vez incluyeron los 1.201.654 euros que Vicepresidencia destinó a la rehabilitación de una nave anexa al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) que albergó el 'call center' del referéndum.
A esa cifra deberá ahora añadirse lo que habría costado el alquiler de los centros públicos utilizados en la votación. No obstante, a la hora de exigir fianza de responsabilidad civil a los procesados por rebelión, el magistrado se limitó a incluir los 1,6 millones de euros abonados más un tercio de esa cantidad, como estableció en el auto de procesamiento del pasado mes de marzo.
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