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Llarena da dos días a Puigdemont para pagar 2,1 millones de euros

El magistrado reclama al exgovern, bajo amenaza de embargo, el dinero destinado al 1-O

Pese al último informe que elevaba la cantidad a 3,2 millones, la providencia exige la cantidad inicialmente cuantificada

Ángeles Vázquez

Carles Puigdemont llega a una reunión con Quim Torra en un hotel de Berlín, el 21 de junio.

Carles Puigdemont llega a una reunión con Quim Torra en un hotel de Berlín, el 21 de junio. / MARKUS HEINE (EFE)

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha esperado a que el auto de procesamiento que dictó el pasado 23 de marzo fuera firme para exigir al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los otros 13 miembros de ese Govern procesados por malversación la fianza de responsabilidad civil que les impuso entonces. El magistrado les ha dado dos días para que de forma solidaria aporten los 2.135.948 euros a los que pueden ser condenados por el 1-O.

Fuentes jurídicas señalaron que el plazo empieza a correr al día siguiente a la notificación. Se entiende que es el lunes cuando todas las defensas se deben dar por notificadas y que empiecen a contar los días dados. Aunque las mismas fuentes apuntan a que siempre existe la posibilidad de que se conceda algún día más de gracia, en principio la fianza debería ser abonada el miércoles, si los procesados quieren evitar que el Tribunal Supremo proceda a embargar sus bienes hasta cubrir la cantidad. La Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural ya han empezado a recaudar para la caja de solidaridad.

La cifra es la que en el auto de procesamiento se daba por malversada, ya que se destinó a celebrar el referéndum ilegal, en vez de a los fines legítimos de la Generalitat. La ley prevé que a ella se le sume un tercio de su cuantía para asegurar las responsabilidades pecuniarias.

Según dicha resolución, los gastos públicos que necesariamente habían de realizarse o comprometerse para realizar el referéndum ascendieron a 1,6 millones de euros: 224.834 euros de la campaña de registro de catalanes en el extranjero; 277.804 relativos a la campaña de publicidad y difusión de la convocatoria; 979.661 en papeletas, censo electoral y citaciones de los miembros de mesas electorales, y 199.700 por los observadores internacionales. Un último informe de la Guardia Civil aportado a la causa en mayo elevó la cifra a 3,2 millones de euros.

Todo el Govern

Quienes tendrán que abonar esa cantidad son Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y los 'exconsellers' Jordi Turull, Raül Romeva, Meritxell Borrás, Clara Ponsatí, Toni Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluis Puig, Carles Mundo, Dolors Bassa, Santiago Vila y Meritxell Serret. Aunque no todos fueron procesados por rebelión, sí lo fueron por malversación.

Para el magistrado, hubo un acuerdo específico en el que todos ellos autorizaban a los
diferentes departamentos para que realizaran las acciones y contrataciones necesarias para la
realización del referéndum, lo que "puede entrañar una responsabilidad compartida en la desatención del interés al que estaban afectos los caudales públicos, con independencia de las partidas contables tras las que se ocultó el desembolso y el concreto departamento contra cuyo presupuesto se hizo descansar cada uno de los parciales desembolsos en los que se fraccionó el total del gasto".

La providencia precisa que en el caso de que no hagan frente a esta cantidad a través de todas las formas previstas en la ley, es decir, en efectivo, con talones o presentando propiedades como aval, se procederá al embargo de sus bienes hasta cubrir la cantidad reclamada.

Eso es lo que pasó en el procedimiento contable abierto en el Tribunal de Cuentas contra el 'expresident' Artur Mas y otros responsables de la consulta del 9-N. Para hacer frente a los 2,4 millones de euros que les restaban para cubrir la fianza de 5.275.666 euros impuesta vieron embargadas sus viviendas.

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