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BANDA DISUELTA

El Gobierno acercará primero a etarras enfermos o mayores de 70 años

Marlaska apunta que además deberán repudiar la violencia y haber cumplido parte de la pena

El PP rechaza la medida y avisa de que si las víctimas salen a la calle a protestar las acompañará

El Periódico

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en el pleno del Congreso, el pasado día 27, antes de la reunión del Consejo Europeo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en el pleno del Congreso, el pasado día 27, antes de la reunión del Consejo Europeo. / David Castro

Habrá acercamiento de presos de ETA a las cárceles de Euskadi o a los lugares de residencia de sus familias y se comenzará el proceso, una vez que la banda se ha disuelto oficialmente, por los internos que están enfermos o tienen ya más de 70 años. Lo explicó el propio Pedro Sánchez a los periodistas del Congreso, con quienes mantuvo este miércoles una conversación informal tras participar en el Pleno previo a la Cumbre de Bruselas. El presidente del Gobierno espera obtener el aval del Parlamento además para dar este paso, aunque no lo necesite, y se comprometió a tener empatía con las víctimas.

Se da la circunstancia de que de los 228 reos etarras que están en prisión (aunque 4 de ellos fueron expulsados por la organización terrorista), están enfermos entre 11 y 20. La cifra es similar cuando se busca el número de mayores 70 años, según explicó después el titular de Interior, Fernando Grande Marlaska. El ministro quiso dejar claro que hay más requisitos a demandar, como el repudio a la violencia o que se haya cumplido una parte concreta de la pena. Además el traslado no se realizará de colectivamente, sino de manera individualizada, teniendo en cuenta las circunstancias de cada uno de los internos, dijo.

La simple voluntad del Ejecutivo de llevar a cabo dicho acercamiento ha levantado ampollas en las víctimas  (que como mínimo exigen también petición de perdón, arrepentimiento y colaboración para esclarecer casos aún pendientes) y las suspicacias del PP: el diputado vasco Javier Maroto advirtió de que si las víctimas deciden salir a la calle a protestar por la medida, su organización (ahora mismo inmersa en la elección de un líder que marque directrices) estará detrás. 

Serán la Junta de Tratamiento y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, ambas ligadas a Interior,  las encargadas de "evaluar todo", esto es, las circunstancias de cada preso y el establecimiento de los requisitos -que serán transparentes y se explicarán a las víctimas, apuntó Marlaska- que se estimen necesarios para realizar ese acercamiento que de momento no tiene fechas ni plazos.

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