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Contactos con presidentes autonómicos

Sánchez sopesa ceder más competencias a Euskadi

El presidente y Urkullu se comprometen a estudiar temas como prisiones o la gestión de la seguridad social

La retirada de recursos ante el TC se da por hecha y el acercamiento de presos de ETA entra en la agenda

Gemma Robles

Pedro Sánchez recibe a Iñigo Urkullu en La Moncloa. / DAVID CASTRO (VÍDEO: ATLAS)

Primera visita de un presidente autonómico a La Moncloa en la ‘era Sánchez’. Ha sido el lehendakari, Iñigo Urkullu, quien ha estrenado esta ronda de contactos que el nuevo presidente del Gobierno llevará a cabo con todos los responsables de las comunidades en próximas semanas. El siguiente será el catalán Quim Torra y fuentes gubernamentales no ocultan que esta actitud de "distensión" que se ha mostrado con Urkullu tiene como objetivo demostrarle al máximo responsable de Catalunya -que sin duda hará del derecho a decidir y de la liberación o como mínimo del acercamiento de los políticos catalanes bandera-, que otro clima para dialogar es posible. Con independencia de los resultados inmediatos. Y al resto de territorios que no habrá sólo beneficios para la Administración catalana, sino para el conjunto el general.

Así, de la cita con el presidente de los vascos han nacido varios gestos y algún que otro compromiso: se ha hablado sin ocultarlo de la España "plurinacional", de un posible cambio del modelo de Estado o del acercamiento de presos de ETA y se han acordado crear equipos de trabajo bilaterales para abordar la posible cesión de 37 competencias pendientes. Según relató el propio Urkullu ante los periodistas, fue él quien reclamó a su interlocutor socialista una reflexión para que se renueve el modelo de Estado respetando la realidad "plurinacional" y los hechos diferenciales "que demandan un tratamiento propio y singular". Cabe recordar que en su campaña de primarias en el PSOE, que ganó, el propio Pedro Sánchez utilizaba esos términos sin complejos. Ahora, instalado ya en el poder tras una moción de censura a un PP asfixiado por la corrupción, ha escuchado al lehendakari abogar por la creación de una convención constitucional para reformar la Carta Magna de forma "útil", entre otras cosas.

"No hemos hablado de ruptura, sino de convivencia", señaló Urkullu, quien confirmó que como fruto de este primer encuentro oficial verá la luz un grupo de trabajo (el tiempo dirá si se subdivide por materias o no) para estudiar el traspaso de 37 competencias pendientes. El político vasco admitió que lo más sencillo será avanzar en asuntos ligados a las infraestructuras, como las autopistas (A-68 y parte de la A-1) y el Puerto de Pasaia, entre otras cosas. Lo que no significa que la competencia de prisiones o la gestión de la seguridad social no vayan a abordarse igualmente para ver hasta dónde se puede llegar.

Menos tribunales

Pero también en el marco de esas primeras reuniones de los grupos que se van a crear está previsto que se analicen recursos pendientes ante el Tribunal Constitucional interpuestos por el Gobierno central contra normativa vasca. Algunas de especial simbolismo o controversia, como el que pesa sobre la Ley vasca de víctimas de abusos policiales, actualmente en suspensión. Un segundo freno en el Alto Tribunal a una posible subida de salario a los funcionarios que la lehendakaritza quería impulsar será otro de los puntos urgentes de la agenda a trabajar.

El propio Sánchez se comprometió en el debate parlamentario que precedió a la moción de censura a tratar de rebajar la litigiosidad con las autonomías en los tribunales, mirando especialmente hacia Catalunya (pero no solo) donde el enfretamiento entre el Estado y la comunidad en el campo jurídico ha sido especialmente llamativo –más allá del proceso soberanista- en los últimos tiempos.

Los presos etarras

Uno de los temas sin duda más delicados de esta cita Sánchez-Urkullu fue el posible acercamiento de los presos de ETA a cárceles de Euskadi. El asunto está sobre la mesa desde hace tiempo, pero el Gobierno de Mariano Rajoy siempre cerró esta puerta, al menos en público, incluso tras la disolución de la organización terrorista. Los socialistas, en sus primeros días en el Ejecutivo, han sido menos tajantes y han admitido que es una realidad que en su momento deberá revisarse, dada la nueva coyuntura. Y, de hecho, no será más tema tabú y formará parte de las conversaciones que se mantengan en esos equipos de trabajo bilaterales. De momento no hay más compromiso que ese, pero es novedad. El propio Urkullu reconoció que el presidente le había hecho llegar sus "razones de cautela" y que él, por su lado, las entendía.

Un poco más allá fue el nuevo delegado del Ejecutivo elegido para el País Vasco, Jesús Loza, quien este lunes apostó por un acercmiento "progresivo, legal e individualizado" de los presos etarras, recordando que eso ya ha sucedido tanto con el PP como con el PSOE en el poder y en casos concretos.

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