Independentistas, 'comuns' y PSC se unen para proteger a los alertadores

El 70% de los casos de corrupción salen a la luz por las denuncias de empleados o ciudadanos. El coste personal y profesional tras dar conocimiento de una presunta irregularidad en las arcas públicas y empresas privadas suele provocar contundentes represalias de aquellos a los que se incomoda, por lo que es necesario velar por la protección de los llamados alertadores.

En esto se han puesto de acuerdo JxCat, ERC, PSC-Units per Avançar, Catalunya En Comú - Podem y CUP, que este lunes han registrado una proposición de ley en el Parlament de Catalunya para proteger a los denunciantes. Solo Ciutadans y PPC han rechazado sumarse.

El texto hurga en la necesidad de generar vías de denuncias útiles y seguras para romper con el secretismo y evitar la perpetuación e impunidad de los corruptos. El escrito ha sido redactado e impulsado por la plataforma Xnet a partir del estudio de más de veinte textos legislativos europeos, y garantiza el derecho a los alertadores a la seguridad, al anonimato, a la confidencialidad, al acceso a la información del procedimiento y al asesoramiento jurídico e indemnidad laboral. Asimismo, prevé que la Generalitat ponga a su disposición sus servicios jurídicos y que sean indemnizados si se ven perjudica laboralmente tras la denuncia.

"Denunciar abusos no debería ser un acto heroico sino la normalidad", ha defendido una de sus impulsoras, Simona Levi, que ha destacado la necesidad de "vigilar" y "presionar" a las instituciones desde la sociedad civil organizada para preservar su integridad y se ajuste a las necesidades de la ciudadanía. "Muchos ojos miraran el recorrido de esta ley en el parlamento catalán porque es una de las más avanzadas del mundo", se ha enorgullecido. 

La propuesta d eley también prevé sanciones para los canales de denuncia que se publicitan como seguros pero que, en realidad, no lo son y concreta multas de hasta 300.000 euros.

Diferencias con la propuesta de Cs

A diferencia de la ley presentada por Ciudadanos en el Congreso de los Diputados y en el Parlament, Levi ha defendido que esta no se ve limitada solo a los funcionarios sino al conjunto de denunciantes y que protege el anonimato (no solo la confidencialidad) de los alertadores, algo que pretende anular la creación de "listas negras".

En esta línea, ha criticado que el texto de los naranjas contemple la ejecución de pesquisas sin mandato judicial y que preserve el secreto empresarial por encima del derecho a la información. "Hemos denunciado peligros de ese texto liberticida que, lejos de proteger los derechos fundamentales, los socaba", ha remachado.

La activista ha ejemplificado la proposición de ley catalana con el buzón ético de denuncias del Ayuntamiento de Barcelona: "Cualquier persona puede ser testigo y debe poder denunciar los casos sin que comporte inmolarse", ha proclamado. Según sus datos, se pasó de 63 denuncias anuales a más de 400 con esta medida.

Los grupos estudiarán ahora el texto en profundidad para presentar sus enmiendas. Todos ellos han celebrado el amplio apoyo que ha logrado el texto.

La CUP y los 'comuns' han insistido en que la corrupción "no es un hecho aislado, sino estructural del sistema". Desde el PSC han criticado que no sea una iniciativa propia del Govern, algo a lo que JxCat ha respondido que el Ejecutivo no se pudo configurar y ponerse manos a la obra debido a la existencia de presos y huidos.