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SEDICIÓN

La excúpula de los Mossos alega que la organización criminal es solo para mafiosos

El fiscal pide que se confirme el procesamiento de Trapero, Soler, Puig y Laplana por sedición

El abogado del exsecretario de Interior catalán tacha de "disparate jurídico" la acusación por organización criminal

Ángeles Vázquez

El mayor Josep Lluís Trapero se dirige a la Audiencia Nacional.

El mayor Josep Lluís Trapero se dirige a la Audiencia Nacional. / JUAN MANUEL PRATS

La defensa de la excúpula de los Mossos d'Esquadra considera un "disparate jurídico" el procesamiento por organización criminal y sedición del mayor Josep Lluís Trapero, así como el de los que eran responsables políticos del cuerpo, su exdirector Pere Soler y el exsecretario general de Interior César Puig. Según el abogado de este último, Jaume Alonso-Cuevillas, la organización criminal solo está prevista para blanqueo y organizaciones mafiosas, por lo que no tendría cabida en lo ocurrido en Catalunya.

La magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela entendió que Soler y Puig debían responder por organización criminal y un único delito de sedición, por el 1-O, mientras que a Trapero le incluyó otra sedición por las protestas del 20 y 21 de septiembre frente a la Conselleria de Economía en Barcelona. Justificó el procesamiento por organización criminal, en cuya cúspide estaría el propio expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, en el reparto de tareas, en función de sus responsabilidades, realizado para declarar la independencia.

Durante la vista la defensa de los tres exresponsables del cuerpo policial y de la intentendente Teresa Laplana, a la que se atribuye un único delito de sedición por el 20 y 21 de septiembre, se opusieron al procesamiento. Sostuvieron que a lo largo de la instrucción han aparecido elementos exculpatorios que neutralizan lo contenido en el auto de la magistrada.

En este sentido, Cuevillas aseguró que en la agenda 'moleskine' del que era número dos de Economía, Josep Maria Jové, se reflejó, en una reunión con Puigdemont, que los Mossos estarían a las órdenes de la autoridad judicial que había prohibido el referéndum ilegal del 1-O.

El fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Rubira, por su parte, pidió que la resolución de la magistrada del pasado 5 de abril, confirmada apenas 20 días después por la propia Lamela, se mantenga en su integridad, al entender que hay indicios suficientes para acusar a los cuatro procesados. El ministerio público aún no ha decidido si finalmente acusará por sedición, como considera la magistrada, o por rebelión, como mantiene el Tribunal Supremo, donde se investiga a Puigdemont y otros 22 líderes del 'procés'.

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