El Gobierno estudiará acercar a los políticos presos al finalizar la instrucción

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha asegurado que una vez se den oficialmente por concluidas las diligencias judiciales en el Supremo que afectan a los políticos catalanes presos será el momento en que el Ejecutivo socialista, ha dicho, "evaluará" un posible acercamiento a prisiones catalanas y actuará "por el bien de todos". Celaá se ha pronunciado así, sin dar más pistas sobre cuál es el calendario que maneja realmente Interior para este asunto que se ha colocado en el foco de la actualidad. "Cuando las circunstancias cambian, se requieren otras políticas", ha apuntado.

Este jueves el instructor de la causa en el Supremo, el juez Pablo Llarena, emitió un autoPablo Llarena,  en el que apuntó que no es suya la competencia de acercar o no a los presos. Esto es, que la decisión es política y se debe enmarcar en el departamento que ahora lleva el ministro Fernando Grande-Marlaska.

"Esta es una cuestión de matices. El Gobierno ese consciente de que los presos en situación provisional están a disposición del juez instructor y deben estar cerca del juez instructor. Una vez concluidas las diligencias están bajo la competencia de instituciones penitenciarias", ha señalado Celaá.

Diferencias entre JxCat y ERC

Entre los partidos independentistas hay diferentes enfoques sobre el asunto. Junts per Catalunya lucha por exceder los límites del debate acerca de un eventual acercamiento de los políticos presos. Aunque ERC ya se ha pronunciado a favor de la medida, el portavoz de JxCat, Eduard Pujol, ha evitado dar un apoyo explícito al traslado a cárceles catalanas.

El motivo: que negociar sobre su estatus equivale según él a "poner el foco" en el sitio equivocado. "Nosotros pedimos la libertad. No vamos a entrar en el juego de un nuevo marco mental que los convierta en mercancía", ha dicho. 

Haciendo equilibrios, el portavoz de JxCat también ha reconocido que hay "una cuestión real, logística" que preocupa a las familias de los presos. Pero a la vez ha insistido en que "la dignidad no se negocia", y en que "los presos políticos no pueden ser moneda de cambio".

En cuanto al debate abierto acerca de quién debería tomar la decisión de trasladar a los presos a cárceles catalanas, Pujol ha pedido al Gobierno que "deje de pasarse la pelotita de una institución a otra". Y ha subrayado que su formación quiere "hechos, y hechos quiere decir libertad".

En similares términos se ha manifestado el presidente del Parlament, Roger Torrent. En declaraciones a TV-3, el republicano a calificado de "lamentable" que "nadie quier tomar decisiones" y ha denunciado que esta actitud es "incompatible con un Estado de derecho serio y riguroso que vela por los derechos de su ciudadanía".

Encuentros con presidentes autonómicos

La cuestión de los dirigentes independentistas encarcelados formará parte del encuentro que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, mantendrá "en breve" con el 'president', Quim Torra. Fuentes gubernamentales señalan que la decisión sobre los políticos presos no vendrá determinada por la actitud que muestre el 'president' en su reunión con el líder socialista. "No tenemos ninguna hipoteca", explican en la Moncloa. 

Celaá, por último, se ha referido a la próxima reapertura de las delegaciones diplomáticas de la Generalitat en el extranjero. Al igual que el ministro de Exteriores, Josep Borrell, la portavoz del Gobierno ha transmitido que estos centros, que también tienen otras autonomías, son legales. Otra cosa es para qué se utilicen. "Hay que normalizar las relaciones y evitar la tensión. Obviamente el Gobierno tiene procedimientos para conocer qué se está haciendo en esos centros", ha concluido la ministra.