Ir a contenido

El procedimiento de traslado

Los políticos presos, pendientes de Grande-Marlaska para su acercamiento a cárceles catalanas

Recelo en la seguridad del Estado ante la posibilidad de perder la vigilancia de los exconsellers encarcelados

Interior tiene hasta el 27 de octubre para contestar a las peticiones cambio de cárcel de Junqueras y Romeva

Juan José Fernández

Prisión de Estremera (Madrid) donde están recluidos Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull y Josep Rull.

Prisión de Estremera (Madrid) donde están recluidos Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull y Josep Rull. / XAVIER BARRENA

Al Gobierno se le está agotando el recorrido de su argumento sobre acercar o no a los políticos presos a cárceles catalanas: que es decisión del juez de instrucción. El magistrado Llarena le ha devuelto la pelota.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tiró del argumento en Onda Cero este jueves -como hizo la ministra Meritxell Batet entrevistada por EL PERIÓDICO el día 9-, pero el juez del Supremo que instruye la causa del 'procés' le ha contestado el mismo día en un auto en el que aclara que la potestad de trasladar presos no es suya, sino de Instituciones Penitenciarias, secretaría dependiente de Interior. El auto de Llarena niega la libertad provisional a Carme Forcadell, Oriol Junqueras y Raül Romeva.

En la mesa de Ángel Yuste, secretario general de Instituciones Penitenciarias, esperan respuesta dos solicitudes de traslado a prisiones catalanas de Junqueras y Romeva. Su resolución no será antes del lunes: "Yuste no firmará eso", aseguran fuentes penitenciarias no oficiales. Aluden al inminente nombramiento de Ángel Luis Ortiz, asesor jurídico de la alcaldía de Madrid, nuevo secretario general de Prisiones.

A él le espera el caso. Las fuentes de la Secretaría que sí son oficiales se atienen solo a lo declarado por el ministro: que "se podría y se debería" estudiar el traslado si lo autoriza el juez.

El procedimiento

El abogado de Junqueras y Romeva, Andreu Van en Eynde, envió sus peticiones de acercamiento el pasado 27 de abril, no a Llarena, sino a Instituciones Penitenciarias, que no ha consultado aún al juez.

El camino elegido por el letrado es, de hecho, el que aclara el artículo 31 del Reglamento Penitenciario, que establece que la Secretaría General "tiene competencia exclusiva para decidir, con carácter ordinario o extraordinario, la clasificación y destino de los reclusos en los establecimientos penitenciarios", si bien matiza que Interior decide "sin perjuicio de las atribuciones de los Jueces de Vigilancia en materia de clasificación por vía de recurso".

Según el Reglamento, Instituciones Penitenciarias "ordenará los traslados" de presos penados y no penados –los políticos catalanes encarcelados son preventivos-, y en el caso de  los provisionales "se notificarán a las autoridades a cuya disposición se encuentren". Interior solo está obligado a notificar al juez. Este puede vetar movimientos si dañan a la instrucción o a los derechos del preso.

El Reglamento no fija plazo de contestación a Instituciones Penitenciarias. Se aplica por defecto el máximo de seis meses para las respuestas de la Administración. Interior tiene hasta el 27 de octubre para contestar a Junqueras y Romeva.

No hay un comité constituido para examinar las peticiones de traslado. El procedimiento habitual, señalan fuentes penitenciarias, es la consulta a los directores de las cárceles implicadas.

Hay un precedente de veto judicial reciente: hace dos meses, la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela denegó el acercamiento a Catalunya de Sandro Rosell, interno en Soto del Real, porque "lo necesita cerca de ella, aunque en 12 meses solo lo ha llamado una vez", explican en el bufete Molins, que defiende al expresidente del Barça.

La opción aragonesa

Entre los funcionarios de la prisión zaragozana de Zuera ha corrido esta semana una información no confirmada de que Interior estudia trasladar allí a los políticos catalanes.

Todas las fuentes consultadas coinciden en señalar el recelo que en ámbitos de la seguridad del Estado levanta la posibilidad de trasladarlos a Catalunya. La vigilancia de los internos dependedería de la Generalitat y su administración penitenciaria.

La opción de Zuera -"en la frontera", dicen en el entorno de los encarcelados- es rechazada por las defensas. Prefieren un módulo de preventivos de las cárceles barcelonesas de Brians, pese al clima de tensión interna del que informó EL PERIÓDICO.

Informes de impacto

Los traslados de Junqueras y de Romeva serían los primeros en ser atendidos, pues otros como Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sánchez no tienen aún formulada petición de acercamiento. 

A Sánchez, Jordi Cuixart, Turull, Rull y Forn, tener hijos menores de edad les da prevalencia sobre el resto, si bien en el entorno de los encarcelados no quieren pensar que unos fueran trasladados y otros no.

Las peticiones de Junqueras y Romeva -para las que no hay formulario-, señalan su derecho de presos a estar cerca de la familia y del despacho de su abogado, pero giran sobre todo en torno a cómo impacta su encarcelamiento en los hijos, dos pequeños de Junqueras y dos algo mayores de Romeva.

El abogado Van den Eynde aportó a la solicitud informes sobre el estado anímico de las parejas -Neus Bramona la de Junqueras y Diana Rivas la de Romeva- y al estado de "acusada sensibilidad" de los menores. Estos informes se basan en observaciones recogidas en sus colegios o por sus cuidadores, que ven en los niños una "sintomatología emocional y relacional" específica del desarraigo.

0 Comentarios
cargando