El Gobierno de Colau atribuye el aumento de asentamientos a las políticas migratorias en Francia e Italia

El Ayuntamiento explica que las familias señalan un "proceso de expulsión"

La teniente de alcalde de Derechos Sociales de Barcelona, Laia Ortiz, ha atribuido el aumento de asentamientos irregulares en la ciudad, que han pasado de 28 en 2013 a 77 a principios de 2018, a los reagrupamientos familiares y a las políticas migratorias en Francia e Italia: "Las propias familias explican que hay un proceso de expulsión".

En declaraciones a la prensa, ha explicado que el número de asentamientos depende de los ciclos migratorios: "Antes recibíamos mucha población de origen subsahariano, y ahora tenemos mucha que llega de Europa del Este, sobre todo de Rumanía, Ucrania y otros países comunitarios".

Ortiz ha detallado que, a pesar de disponer de permiso de residencia, estas personas no tienen de permiso de trabajo, y ha dicho que los servicios sociales las acompañan en los procesos de regularización en función de su perfil y expectativas, ya que algunas de ellas viven de forma nómada y no quieren iniciar un proceso de arraigo.

Ha afirmado que la media del primer trimestre de 2018 refleja que en la ciudad hay 536 personas que viven en un total de 77 asentamientos, y ha opinado que se trata de un fenómeno "muy dinámico y con importantes variaciones numéricas", ya que se vincula a la disponibilidad de solares libres.

DESCENSOS Y AUMENTOS

Las personas procedentes de Galicia y Portugal (de etnia rom) han pasado de 208 en 2014 a 130 en 2017, un descenso que también se ha producido entre el colectivo del África subsahariana, que ha pasado de 70 personas en 2014 a 44 en 2017, y del Magreb, que ha disminuido de 34 personas en 2016 a 25 en 2017.

Por otro lado, el número de personas de Europa del Este en asentamientos ha aumentado de 135 en 2014 a 174 en 2017, y ha destacado la volatilidad de los asentamientos, que se abren y disuelven continuamente por la alta movilidad de los ocupantes, y ha dicho que el 30% de los mismos se concentra en el distrito de Sant Martí.

INTERVENCIÓN SOCIAL

Ortiz ha destacado el trabajo en este ámbito de la Oficina del Plan de Asentamientos Irregulares (Opai), que ha aumentado su presupuesto de 275.000 euros anuales a 660.000 y ha pasado de tres a diez trabajadores, y que se ha traducido en un aumento de actuaciones, de 134 en 2014 a las 612 de 2017, un 363% más.

En materia de inserción laboral, en 2013 la Opai facilitó la firma de contratos laborales para 183 personas entre 2013 y 2017, mientras que el Servicio de Inserción Social para las Familias (Sisfa) ha pasado de atender 481 personas --113 familias-- en 2016 a 594 --145 familias-- en 2017.

TRABAJO EN EUROCITIES

La concejal ha recordado que hay un grupo de trabajo en el marco de Eurocities para analizar cómo se entiende y se aborda este fenómeno, y ha insistido en que la misión de los servicios sociales es atender con dignidad, proveer unas condiciones mínimas, realizar un seguimiento, y garantizar la escolarización de menores, entre otros.

"¿Cómo puede ser que después de tantos siglos y de un modelo social europeo tengamos una situación tan discriminada que se acaba manifestando de esta forma en las ciudades?", ha preguntado Ortiz, que ha reclamado a Europa abordar los malos tratos que estas personas reciben por parte de las instituciones.