REUNIÓN EN EL CONGRESO

Los alcaldes del cambio piden a Sánchez que afloje el corsé de Montoro

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Iolanda Mármol / Rosa M. Sánchez

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Los ayuntamientos del cambio presionan a Pedro Sánchez para que suavice la regla de gasto impuesta por el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y les permita invertir una mayor parte de su superávit. Para coordinar esta petición a la Moncloa este marte por la tarde se han reunido en el Congreso de los Diputados responsables de Hacienda de diez consistorios gobernados por Podemos, IU y sus confluencias: Madrid, Barcelona, Zaragoza, Cádiz, València, Santiago de Compostela, Coruña, Córdoba, Oviedo y Rivas.

Su intención es fijar una línea política y de actuación para que la reclamación llegue con a mayor fuerza posible al Gobierno. Fuentes conocedoras del encuentro han adelantado a este diario que los líderes de Podemos IU trasladarán a Sánchez la urgencia de suavizar este corsé cuando se reúnan con él y que esa exigencia se planteará también desde el Congreso.

El encuentro se produce en el mismo día en que también se ha reunido  la Comisión de Haciendas y Financiación Local de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para analizar las posibilidades de que el nuevo Gobierno flexibilice la regla sin necesidad de que haya un cambio normativo.

La actual regla de gasto impide a los ayuntamientos invertir gran parte sus ahorros en servicios sociales, aunque se trate de consistorios saneados. De momento, Hacienda solo les permite hacer un uso parcial de los ahorros del año anterior y destinarlos a lo que se conoce como “inversión financieramente sostenible” (que no genere gastos corrientes o que sea capaz de autofinanciarse con ingresos propios en los años siguientes). Los ayuntamientos acumulan más de 35.000 millones de euros en depósitos bancarios procedentes de los superávits acumulados en los cinco últimos aсos. Desde el 2014 se ha permitido destinar parte de estos ahorros a obras de saneamiento, tratamiento de residuos, alumbrado, vías públicas y parques y jardines. Pero los alcaldes reclaman poder hacer un uso social de sus ahorros. 

En marzo Montoro suavizó algo el corsé y permitió a los consistorios invertir el superávit del año pasado (5.000 millones) en algunos otros conceptos como seguridad y orden público, protección civil, extinción de incendios, asistencia social primaria, y creación de centros docentes de enseñanza infantil y primaria.

Mayo del 2019 como horizonte

A nadie se le escapa que el horizonte de elecciones municipales municipales y autonómicas en mayo del 2019 actúa como elemento de presión, puesto que la inversión en determinadas partidas sería claramente visible a ojos de los ciudadanos.  Entienden que el Gobierno de Sánchez es el primer interesado en suavizar la regla de gasto, no solo como símbolo de cambio respecto a Montoro, sino  para ayudar a sus propios alcaldes.

Laa filas podemistas y de IU se muestran optimistas y confían en que el presidente de a los ayuntamientos un balón de oxígeno a menos de un año de los comicios. Fuentes del ministerio de Hacienda han señalado a este diario que son “receptivos” a esta reclamación, pero está por ver en qué se traduce esa en “una mayor sensibilidad hacia lo local”.

El responsable en el Ayuntamiento de Madrid, Jorge García Castaño, confía en que el nuevo Gobierno tenga una "mayor sensibilidad hacia lo local”.

Un clamor

Fuentes próximas a Carmena han explicado que la alcaldesa entiende que la relajación de la regla de gasto será uno de los aspectos que estudie Sánchez puesto que "es un clamor de Madrid y de todos los ayuntamientos cumplidores", aunque insisten en que hay que permitir que "el Gobierno se asiente".

Uno de los consistorios más afectados por la ‘ley Montoro’ es justamente el de la capital. El anterior Ejecutivo decidió intervenirlo a finales del 2017 al entender que el equipo de Manuela Carmena había interpretado la regla de gasto de forma incorrecta al computar algunas partidas como gasto financiero sostenible cuando, según Montoro, no era debía ser así. 

Mientras, en el Congreso está en trámite la proposición de ley de Unidos Podemos para reformar la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, paralizada, eso sí, por una prórroga en bucle del periodo de enmiendas.