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PRIORIDADES EN JUSTICIA

La ministra se enfrenta al reto de lograr lo que reclamaba como fiscal

Jueces y fiscales fueron a la huelga para reclamar la despolitización y mejoras retributivas aparcadas durante años

Las asociaciones, satisfechas, porque comparte sus reivindicaciones, pero son conscientes de que no dependen solo de ella

Ángeles Vázquez

Dolores Delgado al prometer su cargo como ministra de Justicia.

Dolores Delgado al prometer su cargo como ministra de Justicia. / J J Guillen

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, tiene en sus manos poner fin a los paros que cada jueves hacen jueces y fiscales y que llevaron a la primera huelga conjunta del pasado 22 de mayo. Para ello tiene que acometer las reformas necesarias para cumplir las 14 reivindicaciones de los jueces y las cuatro de los fiscales planteadas hace justo ahora un año. Cuenta con la baza de que las conoce bien, porque hasta el jueves de la moción de censura se concentró con sus compañeros para exigírselas a su predecesor, Rafael Catalá.

Todas las asociaciones de jueces y de fiscales están "esperanzados" con su nombramiento, porque saben que ella comparte esas propuestas, y eso es ya mucho camino andado. Solo el portavoz de Jueces para la Democracia, Iñaki González, habla de dar un margen al nuevo gobierno para que aterrice y comprobar su disposición, porque ninguna quiere que el cambio suponga retroceder un solo paso respecto a lo ya avanzado con Catalá, que iba a reunir la mesa de retribuciones el próximo día 13. "La ley dice que debe reunirse cada cinco años y llevábamos 15 sin hacerlo", apunta el de la Francisco de Vitoria, Raimundo Prado.

Montar el ministerio

Prado es consciente de que "un ministro aislado no es nadie. Necesita secretarios de Estado, directores generales". Delgado aún no ha montado su equipo, porque, partidaria de "mejor tardar que equivocarse", no será hasta el próximo consejo de ministros cuando nombre a los altos cargos de Justicia. Luego propondrá al fiscal general que sustituirá a Julián Sánchez Melgar. Además, gran parte de lo exigido depende de otros ministerios, especialmente del de Hacienda. "Catalá nos llegó a decir que estaba de acuerdo con nuestras reivindicaciones, pero dependían de Mariano Rajoy y de Cristóbal Montoro", recuerda Prado.

Al ser preguntadas sobre lo más urgente de las propuestas, las asociaciones difieren. La Asociación Profesional de la Magistratura considera que "la necesidad de que la justicia se aleje de vaivenes políticos" lleva a que todas sean prioritarias, pero sobre todo la modificación del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, cuyos trámites para su próxima renovación deberán empezar en julio para cumplir los plazos. "Si no se reforma antes, como el mandato es por cinco años, hasta 2024 no se podrá cambiar un sistema al que nos oponemos todas las asociaciones", señala su portavoz, Celso Rodríguez Padrón.

Prado, en cambio, lo ve muy difícil, porque en la reunión que mantuvieron con el PSOE, el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la nueva ministra de Defensa, Margarita Robles, se negaron a que todos los vocales sean elegidos por los jueces. De ahí que se centre en los permisos y vacaciones, en la equiparación salarial con el resto de la función pública del mismo nivel y en la necesidad de suspender la justicia digital, porque "es un desastre", diagnóstico que también comparten las otras asociaciones de jueces y las de fiscales.

Plazos de instrucción

El ministerio público también es realista. Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, entiende que el nuevo gobierno no tendrá tiempo de reformar el Estatuto Fiscal para dotar a los fiscales de más autonomía ni la ley de enjuiciamiento criminal para que asuman la instrucción, pero sí cree que puede suprimir el artículo que les responsabiliza de los plazos de la instrucción, porque no depende de ellos, sino de los jueces, y fijarlos tan cortos que dificultan la investigación, punto en el que coincide con el de la Unión Progresista de Fiscales, Emilio Fernández García. 

Ambos creen básico ajustar las guardias para que los que se incorporan a la carrera fiscal no cobren 56 euros por semana que les toca y ella, además, añade que la escuela fiscal y el régimen disciplinario deben dejar de depender del ministerio para pasar a manos de la Fiscalía General. Un paso más hacia la autonomía es que las publicaciones del ministerio público tengan título propio en el BOE, y "eso tiene coste cero", apunta.