CORRUPCIÓ.CAT
El juez deja libres a los 5 detenidos clave por el desvio de fondos de la Diputación de Barcelona
Los arrestados están investigados por el uso fraudulento de más de dos millones de euros
Los detenidos por el 'caso Estela' llegan a la Ciutat de la Justícia. / periodico
Por qué confiar en El Periódico El juez que investiga la trama que supuestamente desvió de la Diputación de Barcelona, bajo el mandato de Salvador Esteve (CiU), al menos dos millones de euros destinados a subvenciones para cooperación ha dejado en libertad provisional a los cinco detenidos clave. La denominada operación Estela se saldó este jueves con 30 arrestados en total, de los que 25, entre ellos Esteve, ya quedaron libres el mismo día. Los otros cinco se han acogido este viernes a su derecho a no declarar.
El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona no ha adoptado ninguna medida cautelar para estos últimos, informa Efe, que son los principales implicados en la presunta trama de corrupción: el presidente y patrón de la fundación CATmón, Víctor Terradelles; el alcalde de Tordera (Maresme), Joan Carles García; el subdirector general de Cooperació Local de la Generalitat, Jordi Castells; el jefe de la Oficina de Cooperación de la Generalitat, Jonathan Jorba, y el exdirector de Pimec Joaquim Ferrer.
Alcaldes del PDECat
El juez centra el caso en 28 ayudas públicas para cooperación internacional que la Diputación de Barcelona concedió supuestamente a dedo a distintas empresas y entidades, algunas de ellas vinculadas a alcaldes del PDECat, para fines que nada tenían que ver con el desarrollo y que se están investigando.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en la causa, que el juez mantiene en secreto, hay, además de los 30 detenidos, otros tres investigados.
El abogado de Terradellas, Francesc Sánchez, ha asegurado al salir del juzgado en compañía de su cliente que este, socio del diputado de JxCAT Francesc Dalmases -uno de los parlamentarios de la máxima confianza del expresidente catalán Carles Puigdemont-, no ha cometido ninguna irregularidad.
Denuncia anónima
El juez inició su investigación a raíz de una denuncia anónima que se remitió a los juzgados de Barcelona poco después de que CiU asumiera por primera vez, con Esteve al frente, la presidencia de la Diputación de Barcelona, en el 2011, y que alertaba de un presunto fraude en la concesión de subvenciones procedentes de los fondos para cooperación internacional y desarrollo de la corporación en proyectos para América Latina, Marruecos y Bosnia, entre otros.
La investigación, que ha llevado a cabo en los últimos dos años la UDEF, destapó una presunta trama que desvió al menos dos millones de euros de subvenciones a entidades y empresas que utilizaban presuntamente facturación falsa para ocultar que los fondos no eran destinados a/ ningún proyecto de cooperación.
En algunos casos, según el juez, las memorias presentadas para justificar las subvenciones no eran más que "meras copias" de documentos de internet, las ayudas eran cobradas por una misma persona empleando dos identidades y las empresas perceptoras se crearon poco antes de que se otorgara la ayuda.
Irregularidades
Otras irregularidades detectadas por el magistrado es que se utilizaron actas sin firmar para justificar reuniones en el extranjero, se pagaron subvenciones dos años antes de la aprobación del proyecto por la corporación provincial y que se presentaron y pagaron las facturas antes de la entrega del trabajo.
El juez sospecha que Castells, que fue director de Relaciones Internacionales de la Diputación de Barcelona antes de ocupar su actual cargo en la Generalitat, presionó a funcionarios de la corporación para que emitieran informes favorables a la concesión de las subvenciones irregulares, pese a su dictamen inicial en contra.
Según la Policía, las entidades sin ánimo de lucro que recibieron la mayoría de subvenciones supuestamente irregulares fueron CATmón e Igman, ambas fundadas por Terradellas y el diputado de JxCAT Francesc Dalmases.
Durante el periodo investigado, CATmón e Igman recibieron más de 10 millones de euros procedentes de diversos organismos públicos, entre ellos la propia Diputación de Barcelona, por lo que la Policía sospecha que el fraude podría ser mucho más elevado.
Causa abierta
Según la Fiscalía Anticorrupción, los fondos de las subvenciones de la Diputación de Barcelona "transitaban de forma anómala" entre las cuentas bancarias de Igman, CATmón y la sociedad mercantil Discatimat SL, "para finalmente ser reintegrados en efectivo, destinados a sufragar los gastos de la actividad del entramado criminal o nutrir las cuentas personales de diversos implicados en la trama".
La causa sigue abierta por los delitos de malversación, prevaricación, negociación prohibida a funcionario público, falsedad y fraude en subvenciones.
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