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La CUP y la CGT denunciaron en el 2016 irregularidades en las ayudas a la cooperación de la Diputación

El área de Relaciones Internacionales recibía fondos que se usaron presuntamente para beneficiar a patronales y empresas entre el 2012 y el 2015

Júlia Regué

La diputada de la CUP, Marta Rovira.

La diputada de la CUP, Marta Rovira.

La CUP y el sindicato CGT denunciaron en junio del 2016 ante la Oficina Antifrau de Catalunya las presuntas irregularidades de la Diputación de Barcelona. Sospechaban que se desviaban fondos destinados a la cooperación internacional a empresas y patronales "sin experiencia en el sector" a través de contratos "sin publicidad ni concurrencia". Antifrau inició su indagación y tuvo conocimiento de una investigación judicial abierta, por lo que suspendió las pesquisas, tal como establece la ley.

Según los anticapitalistas, CiU amañó la concesión de fondos a políticas de cooperación al desarrollo una vez aterrizó en el órgano público, tras las elecciones municipales del 2011. La denuncia de los 'cupaires' se centra en el área de Relaciones Internacionales y pone el foco en la adjudicación de subvenciones entre el 2012 y el 2015 a beneficiarios que estarían en proceso de internacionalización o de conquista de mercados en países subdesarrollados.

Asimismo, aseguran que algunas empresas que recibieron concesiones se fundaron poco antes de cobrarlas. Es el caso de la asociación hondureña ECOSADE que se creó en diciembre del 2014 y que tres mes después ya disfrutaba de 83.000 euros vía concesión directa. Otras empresas bajo lupa son la Fundación Empresa y Clima (67.000 euros en el 2013 y 42.000 euros en el 2014) y la Fundación Universitaria Iberoamericana (183.000 en el 2013). Y es que según la CUP no figura ninguna convocatoria pública desde el 2012 que supere los 75.000 euros.

La edil 'cupaire' en el Ayuntamiento de Barcelona, Maria Rovira, ha defendido en rueda de prensa haber puesto "luces y taquígrafos" al caso y ha descrito la Diputación como una "administración opaca" y "un comedero de partidos políticos que no tenía nada de limpio".

El director del área, Jordi Castells, dimitió de su cargo cuando se dio a conocer la denuncia.  

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