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INVESTIGÓ EL CASO ERE

La jueza Alaya afirma que hubo presiones de PSOE y PP para apartarla del caso y apunta a Susana Díaz

Ciudadanos pedirá explicaciones a la presidenta andaluza en el Parlamento

En el 2015, Díaz admitió contactos con el CGPJ dentro de la "normalidad institucional"

Julia Camacho

Imagen de archivo de la jueza Mercedes Alaya.

Imagen de archivo de la jueza Mercedes Alaya. / FERNANDO ALVARADO (EFE)

Saltó a la escena pública tras convertirse en el azote del PSOE andaluz y la Junta de Andalucía, con la que mantuvo varios encontronazos durante la instrucción del denominado caso de los ERE, considerado uno de los mayores escándalos de corrupción en la región gobernada por los socialistas desde hace 35 años. Apartada ya del caso tras un ascenso solicitado por ella misma, la jueza Mercedes Alaya reaparece denunciando presiones políticas tanto del PSOE como del PP para apartarla del caso "por miedo" a lo que pudiera sacar.

Y apunta entre esas presiones directamente a la presidenta andaluza Susana DíazCiudadanos, partido que sostiene el gobierno de Díaz, ya ha anunciado que pedirá explicaciones por estas acusaciones y que incluso las llevará a la Cámara andaluza porque "es algo muy grave", según ha adelantado el líder de la formación naranja Albert Rivera.

Alaya se despacha contra todos en una entrevista en ABC, la primera que concede a un medio de comunicación, cargando incluso contra los jueces enviados en su apoyo o la politización de los órganos judiciales. Alejada ya de la instrucción tras pasar a ser magistrada de la Audiencia, insiste en que aunque ella pidió ese ascenso para no desperdiciar la oportunidad, tenía el "compromiso verbal" de ser quien culminara la investigación de las macrocausas de los ERE o el supuesto fraude de los cursos de formación "dado el conocimiento adquirido sobre esos casos misma" al cabo de varios años de instrucción.

Perdía más tiempo, llega a decir, "dando clases particulares" para explicárselos a un nuevo juez que haciéndolo ella. Pero se encontró con que "todo fue un burdo engaño porque tanto los vocales del PP como los del PSOE en el CGPJ votaron unánimemente, con el informe favorable del TSJA, para que yo no siguiera con la investigación de dichos procedimientos".

Cursos de formación

La jueza, que acusó en varias ocasiones a la Junta de obstruir el proceso e incluso de defender más a los imputados que los intereses de los andaluces, atribuye ahora esas presiones "al miedo que había a que siguiera investigando el caso de los cursos de formación porque habíamos visto ya cosas asombrosas", justificando ese pacto entre PSOE y PP en que el fraude se estaría repitiendo en otras regiones, gobernadas por los conservadores, y a un "acuerdo político evidente que consistía en que el PSOE se mantuviera fuerte en Andalucía y, a cambio, dejar al PP en el resto de sus comunidades autónomas" para así protegerse frente a la irrupción de los nuevos partidos.

Sin embargo, nada menciona de que los distintos juzgados andaluces están archivando las causas del supuesto fraude de la formación al no apreciar delito.

 A lo largo de la entrevista pone nombre a esas presiones que recibía "a diario". Así, menciona a Alfonso Guerra, quien en la prensa o en los mítines electorales apuntó a que Alaya estaba vinculada al PP e incluso a una "especial relación" con el entonces alcalde y actual ministro de Interior Juan Ignacio Zoido. Pero  también a la presidenta andaluza Susana Díaz, que "contactó con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para sugerir o protestar en relación al caso de los ERE".

"Fue muy grave, pues provocó en mi opinión que yo dejara de investigar dichos procedimientos a cambio de un pacto político que se debió producir entre el PP y el PSOE", insiste. Un pacto que, dice, notó porque el PP usó el caso inicialmente para "sacar rendimiento político a los temas judiciales que pudieran afectar a los socialistas" y posteriormente, con la aparición de Podemos y Cs, pasó a ocupar un papel "de escasa presencia o preeminencia" como oposición.

Relación institucional

En el año 2015, y en pleno proceso de investidura fallido –no se desbloqueó la votación hasta pasadas las elecciones municipales-- la propia Díaz ya reconoció haber hablado con el entonces presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, dentro de la "normalidad" entre instituciones, señalando que era una "relación institucional y cordial" que repetían todos los presidentes autonómicos.

Sin embargo, algunas fuentes apuntaron que en esa conversación le expresó su malestar por la "lentitud" de las investigaciones de Alaya, que estaría causando un enorme desgaste político al gobierno andaluz, e incluso se habría interesado por la posición del CGPJ sobre la continuidad o no de la jueza en comisión de servicio al frente del caso una vez ascendida.

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