RECURSO CONTRA EL AUTO DE PROCESAMIENTO
Sànchez, Turull y Rull comparan el asedio a la Conselleria d'Economia con las protestas de 'La Manada'
Los políticos sostienen que la concentración fue un acto legítimo y también la equiparan con manifestaciones anti-deshaucios
J. G. Albalat
Redactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
J. G. Albalat
Los diputados de JxCat Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull comparan las concentraciones ante la sede de la Conselleria d'Economia del pasado 20 de septiembre con las protestas tras la sentencia de la Audiencia de Navarra contra los miembros de 'La Manada'. Así lo sostienen en su recurso contra la confirmación del auto de procesamiento.
El escrito señala que "no consta que se haya procesado a nadie por sedición en los recientes hechos de protesta ciudadana por la sentencia del caso de la denominada Manada, pese a que haya tenido lugar ante tribunales o en presencia incluso del ministro de Justicia, a quien se dificultó la salida de la sede del colegio de abogados, sede de la que finalmente tuvo que salir escoltado mientras era increpado por centenares de personas".
Según la defensa de estos políticos procesados por rebelión, es "desmesurada" esta calificación jurídica realizada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que "solo parece poder explicarse por el contexto político que subyace en tales hechos". El recurso sostiene que la concentración que se produjo en la sede de la Conselleria d'Economia durante la entrada y registro efectuada por la Guardia Civil por los preparativos del 1-O "fue un acto de legítima protesta en ejercicio del derecho fundamental de reunión y manifestación y no un alzamiento o una insurrección".
El abogado sostiene que el destrozo de los coches de la Guardia Civil fue "una consecuencia lamentable que no merece ningún tipo de justificación", pero que, de acuerdo con la literalidad del Código Penal, se da "un supuesto de fuerza sobre las cosas y no ante una situación de violencia contra las personas o amenazas".
Sin lesionados
El escrito de los tres procesados reconoce que la manifestación "dificultó" durante un tiempo la salida de la 'conselleria' de la comisión judicial que estaba registrándola, pero incide que "absolutamente nadie sufrió el menor rasguño". Describe, además, que Sànchez "llamó en todo momento a los manifestantes a la calma, actuó como interlocutor con los agentes y facilitó su actuación", pidiendo a los concentrados que abandonaran el lugar.
"Nos encontramos, en consecuencia, ante actos legítimos de protesta ante actuaciones judiciales, como los que los últimos años se han producido en numerosas ocasiones, por ejemplo, con ocasión de desahucios", relata, a la vez que asevera que "no se tiene noticia de que jamás ningún manifestante de las llamadas plataformas antidesahucios haya sido procesado por sedición".
Los diputados también alegan que "tampoco existe alzamiento" respecto a lo sucedido durante la jornada del referéndum unilateral, el 1 de octubre del año pasado. El recurso presentado ante el Supremo argumenta que aquel día "millones de ciudadanos simplemente acudieron a manifestar su opinión mediante la emisión de un voto, sin alzarse contra nadie, ni incurrir en ninguna insurrección violenta".
"Resistencia pasiva"
Respecto a las concentraciones ante los centros de votación, el recurso alega que "simplemente" fueron actos "de resistencia pasiva ante la acción policial por parte de ciudadanos que, hasta la llegada de los agentes, habían obrado de modo absolutamente pacífico". Y recalca que el hecho de que alguna persona incurrió en algún "exceso", no convierte esa resistencia "en un levantamiento activo violento", máxime cuando "solo" se produjeron en Catalunya cinco detenciones por resistencia a la autoridad.
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