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Montoro dice al juez que no le consta que las urnas y la manutención de Puigdemont se pagaran con fondos públicos

El ministro responde a Llarena que ha realizado cinco envíos de datos al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía por si hubo delito

Europa Press

El ministro Montoro durante el debate de los Presupuestos del Estado.

El ministro Montoro durante el debate de los Presupuestos del Estado. / JOSÉ LUIS ROCA

El ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, insiste en el escrito de 8 páginas que remitió al instructor de la causa del proceso independentista en Catalunya en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, en que "hasta la fecha" y de la información de que dispone su departamento no se desprende que la compra de "urnas de los chinos para el 1 de octubre" o la manutención del expresidente Carles Puigdemont fuera de España se sufragaran con fondos públicos.

No obstante, enmarcó la entrevista del ministro, en la que este afirmó que no se usó presupuesto de la Generalitat para pagar el 1-O, y que están usando los políticos catalanes procesados en su defensa, "en el contexto periodístico", que en ningún caso puede contradecir "los medios de prueba practicados por los Tribunales de Justicia". Además, expone al magistrado que ha realizado 5 envíos de datos al Tribunal de Cuentas y otros tantos a la Fiscalía General por si fueran constitutivos de delito.

A continuación, describe el control presupuestario desplegado y detalla las gestiones realizadas ante la Fiscalía General y el Tribunal de Cuentas. En cuanto a los mecanismos de control desplegados, Montoro detalla al juez que la información de que dispone su departamento deriva de Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) y que se dictaron cuatro acuerdos de dicha Comisión que permitieron establecer un sistema de certificados y de declaraciones responsables "con el fin principal de garantizar que los créditos del Presupuesto se destinan de forma prioritaria a financiar los servicios públicos esenciales en la Comunidad".

EXPLICACIÓN DE LA ENTREVISTA

Respecto a sus manifestaciones en el diario 'El Mundo' insiste en su escrito, que se trataba de trasladar a la opinión pública que gracias a la actuación de Hacienda se ha impedido "que exista la instrumentalización de un presupuesto público para conseguir la independencia".

Por otro lado, continúa el ministro que se pretendía explicar cómo este control "implicaba e implica hoy en día el suministro de información por parte de funcionarios de la Generalitat con la finalidad de que garanticen que no se emplearían fondos públicos para acometer actos contrarios a la ley".

Por ello, insiste el ministro al juez que lo dicho al diario deben ponerse "en el contexto periodístico y político en el que se encuadran" y en ningún caso supuso contradecir "los medios de prueba practicados por los tribunales".

El titular de Hacienda recuerda a Llarena que además de los mecanismos de control administrativos, dispone de información de control presupuestario de la Comunidad Autónoma, en virtud de los requerimientos realizados a la Intervención de la Generalitat en cumplimiento de órdenes del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga la organización del 1-O.

Precisa que se formularon requerimientos directos a la Intervención General de la Generalitat, con fechas de 15 de enero, 29 de enero, 6 de febrero, 15 de febrero, 2l de febrero y 5 de marzo de 2018 cuyos resultados se remitieron en su día al citado juzgado de Barcelona y ahora se aportan al Supremo.

CINCO ENVÍOS DE DATOS AL TRIBUNAL DE CUENTAS

En cuanto al Tribunal de Cuentas, Hacienda cita cinco escritos remitidos, el primero de los cuales, del pasado 20 de octubre, consistió en una denuncia del secretario de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, relativa a las actuaciones relacionadas con el referéndum del 1 de octubre y con las entidades independentistas Òmnium Cultural y Assemblea Nacional Catalana (ANC).

Esta denuncia fue ampliada el 7 de noviembre en base a unos hechos denunciados en un diario digital y posteriormente se fue aportando documentación obtenida de la Generalitat, "fruto de los requerimientos realizados a la Interventora General de Catalunya".

El escrito aportado a Llarena también da cuenta de otras gestiones realizadas por Fernández de Moya ante la Fiscalía General del Estado ya en febrero de 2017 --ante la que se denunció la difusión de la campaña institucional por el referéndum-- y posteriormente las negativas que recibió el pasado mes de septiembre por parte de la Generalitat a aportar la relación de contratos de auditoría y de prestación de servicios bancarios.

En otros escritos posteriores se denunciaron ante el Ministerio Público lo relativo a la partida "publicidad, difusión y campañas electorales" o la negativa de los dirigentes catalanes a entregar datos sobre la actividad de Diplocat.

Esta actividad confirma el compromiso de su departamento, según Montoro, de poner a disposición del Supremo "toda la información de que dispone para que se investiguen los indicios delictivos detectados", según explica el Ministerio.

EL FIN DEL ENFRENTAMIENTO

En cualquier caso, el juez,  en el auto de procesamiento que dictó la semana pasada contra Puigdemont y otros 22 dirigentes, ya sugirió que no había contradicciones entre la información remitida por Hacienda y las indagaciones judiciales. Según su escrito, el ministro admitió "la posibilidad material de que pueda existir una mecánica de fraude oculta". 

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