Montoro expedienta a Puigdemont para inhabilitarlo por no declarar sus bienes

Nueva ofensiva del Gobierno contra Carles Puigdemont, desactivada ya por el TC su investidura a distancia. El Ministerio de Hacienda que dirige Cristóbal Montoro ha puesto en marcha los trámites para abrir un expediente sancionador contra el 'expresident' por una posible infracción administrativa grave cuya sanción puede implicar que Puigdemont no pueda ocupar ningún puesto de alto cargo en los próximos cuatro años. 

La infracción tiene que ver con el incumplimiento de obligaciones previstas en ley del régimen de incompatibilidades de altos cargos de la Generalitat, relativas a la presentación de sendas declaraciones sobre actividades, sobre patrimonio e intereses y sobre estas mismas cuestiones referidas a cónyuges y familiares dentro de los tres meses posteriores a su cese.

Este mismo miércoles el Ministerio de Hacienda remitió un requerimiento al Departamento de Gobernación de la Generalitat (a cargo del propio ministro Montoro, en virtud de la aplicación del artículo 155 de la Constitución) para que en el plazo de cinco días hábiles (antes del 17 de mayo) le remita la documentación precisa para incoar un procedimiento sancionador por infracción grave. En la misma situación se encuentran los ‘exconsellers’ Toni Comín y Josep Rull.

Declaración de bienes

La citada ley de incompatibilidades de altos cargos obliga a todos los dirigentes a presentar sus declaraciones de actividades y bienes en los tres meses siguientes al abandono de su puesto. El pasado 16 de noviembre, el Departament de Vicepresidència de la Generalitat, en una instrucción firmada por sustitución por el ministro Montoro, requirió estas declaraciones a los más de 200 altos cargos autonómicos. Entre ellos, al ‘expresident’ Puigdemont y todos los ‘exconsellers’.

La ley considera infracción leve, sancionada con amonestación, la no presentación en plazo de estas declaraciones y establece un periodo posterior de 15 días para requerirlo en caso de no haberse cumplido en una primera vuelta.

Si en esa prórroga de dos semanas no son presentadas, la infracción pasa a ser grave y se sanciona con la destitución inmediata del alto cargo infractor por el órgano competente y con la publicación en el boletín oficial de la Generalitat, y a que no pueda ser nombrado para ocupar ningún puesto de alto cargo durante un periodo de hasta cuatro años.

La recepción, en Bélgica

Según fuentes de Hacienda, el pasado 9 de febrero el Ministerio recibió la información requerida sobre la mayor parte de los altos cargos cesados; pero no, la relativa al 'expresident'. El 7 de mayo, la Generalitat comunicó formalmente a Hacienda que después de haber podido hacer llegar el requerimiento de información al propio Puigdemont y transcurridos los 15 días hábiles de prórroga procede la apertura de un expediente por infracción grave. Aunque el 'expresident' se encuentra en Alemania desde el pasado 26 de marzo (cuando fue detenido por las autoridades alemanas y después puesto en libertad bajo fianza), Puigdemont firmó la notificación del requerimiento de la Generalitat con anterioridad, en Bélgica, según fuentes de Hacienda.

La incoación del expediente sancionador corresponde al Govern de la Generalitat, pero por aplicación del artículo 155 debe hacerlo el Consejo de Ministros.

Comín y Rull

De acuerdo con la información recibida el pasado 7 de mayo de 2018, también se ha comunicado por parte de la Generalitat que a cinco exaltos cargos de la Generalitat no se les ha podido notificar el requerimiento por estar ausentes o tener domicilio desconocido, entre ellos a Comín y Rull. Entre estos cinco también están los nombres de Eric Hauck, Manuel Manonelles Tarrago y Albert Serra Martin. Además, Hacienda ha requerido información adicional sobre las declaraciones de Adela Cylwick Ewa y Marie Katinka Kapretz.