Puigdemont usará los informes de Montoro para defenderse en Alemania

La defensa de Carles Puigdemont ante el tribunal de Schleswig-Holstein que decidirá su futuro judicial va a basarse en datos del ministerio que dirige Cristóbal Montoro. En los próximos días, los abogados del 'expresident' van a enviar a la fiscalía instructora alemana los cinco informes entregados por Hacienda al juzgado de instrucción 13 de Barcelona (y que están en poder también del magistrado instructor del Tribunal Supremo Pablo Llarena), en los que se reconoce que no se han encontrado “indicios concluyentes de malversación”.

Fuentes próximas a Puigdemont subrayan: “No hay contratos pagados, no hay facturas pagadas, no hay nadie imputado por una malversación concreta… No hay malversación. Y lo dice el Ministerio de Hacienda español”.

Decisión clave

La fiscalía alemana deberá pronunciarse antes de final de mes sobre si solicita de nuevo la entrega de Puigdemont a España por un posible delito de malversación. Es una decisión clave sobre el último argumento penal que le queda a la justicia española para conseguir la extradición desde Alemania, después de que, el pasado 5 de abril, la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein descartara el uso de violencia en el 'procés' y, por tanto, el supuesto delito de rebelión por el que el juez Llarena también reclamaba al 'expresident'.

Tras el pronunciamiento de la fiscalía, los abogados de Puigdemont tendrán entre siete y diez días de plazo para responder con sus argumentos. Y el tribunal alemán celebrará entonces una vista para decidir la suerte del 'expresident'. Los informes de Hacienda que ahora utilizará Puigdemont en su defensa fueron entregados entre enero y abril al juzgado 13 de Barcelona, cuyo titular, Juan Antonio Ramírez Sunyer, fue el primer juez en investigar posibles malversaciones en la organización del referéndum del 1-O.

El juez Llarena considera, por el contrario, que los datos que le aporta Hacienda confirman los indicios de malversación que le ha ido haciendo llegar la Guardia Civil durante la investigación del caso. El pasado 23 de abril, Llarena envió a Alemania copia de la entrevista que el ministro Cristóbal Montoro concedió al diario 'El Mundo', en la que contó: “No sé con qué dinero se pagaron esas urnas a los chinos del 1 de octubre (…) pero sé que no con dinero público”.

1,6 millones

El auto de imputación que emitió el juez Llarena el pasado 21 de marzo declara procesados a Carles Puigdemont y otros 13 'exconsellers' de su Govern por un delito de malversación de caudales públicos. Concretamente, el juez estima en 1.602.001,57 euros la cantidad supuestamente malversada, que se reparte en cuatro capítulos: una campaña de registro de catalanes en el extranjero para votar (224.834,25 euros), una campaña de publicidad de la consulta (227.804,36 euros), el suministro de material electoral y su envío (979.661,96 euros), y la participación de observadores internacionales (119.700 euros).

El cálculo de lo supuestamente malversado se basa en informes elevados al juez por la Guardia Civil. El juez considera que, para la comisión de un delito de malversación, no es imprescindible el gasto del dinero público, sino que basta con la adquisición de un compromiso de gasto por parte de un funcionario, lo pague o no después.